Partidos, una pesada carga

Si el Ayuntamiento de Mezquitic, uno de los municipios más pobres del estado, tuviera mil 900 millones de pesos podría cubrir casi nueve años de su gasto, tanto administrativo como de los servicios que presta a sus habitantes. Ese dinero también alcanzaría para pagar dos veces los 12 trenes que correrán por la Línea 3 del Tren Ligero. Pero el recurso se usó para pagar el financiamiento estatal a los partidos políticos a partir de la reforma que entró en vigor para las elecciones de 2009.

De ese año a la fecha se han tenido que destinar recursos públicos por más de mil 913 millones de pesos para los partidos. El monto que se paga cada año ha aumentado sin detenerse, al margen del número de partidos con derecho a prerrogativas o la participación electoral.

Para lograr este fin, los partidos políticos aprobaron una fórmula para calcular el financiamiento, cuyos factores casi siempre crecen: el padrón electoral y el salario mínimo. Las promesas de una reforma al esquema de reparto de recursos públicos nunca se han cumplido.

Los diputados independientes federal Manuel Clouthier Carrillo y local Pedro Kumamoto Aguilar presentaron una propuesta nacional de reducción del financiamiento y para que éste corresponda a los votos que obtiene cada partido. Será hasta que prospere a escala federal que se intentaría replicarlo en Jalisco, señaló el legislador jalisciense.

El problema, aseguró Manuel Clouthier, diputado federal de Sinaloa, es que “los partidos son negocio, son franquicias” y no quieren renunciar a su situación privilegiada.

En 2008, el Congreso de la Unión aprobó una reforma electoral integral que, entre otros factores, reducía el financiamiento privado a los partidos políticos y establecía una nueva fórmula para aumentar los recursos públicos que se les entregan. Los cambios en la ley fueron replicados en la reforma que ese mismo año aprobó la Sexagésima Octava (68ª) Legislatura de Jalisco.

El cambio no fue un asunto menor. En 2008, los recursos públicos que tuvieron que destinarse a mantener a los partidos políticos en Jalisco sumaron 31.2 millones de pesos; con la reforma vigente, al año siguiente, aumentó a 231.3 millones de pesos, es decir, más de 640 por ciento.

Ese año hubo elecciones, por lo que el monto incluyó recursos para la promoción del voto. Pero si se comparan las asignaciones a partidos de 2008 con el siguiente año no electoral, 2010, en el que se entregaron a los partidos políticos más de 166.2 millones de pesos, el incremento es de más de 430 por ciento.

Para calcular los recursos que se deben entregar a los partidos políticos, los diputados establecieron en la Constitución Política del Estado de Jalisco que para sus actividades ordinarias anuales se integraría una bolsa “multiplicando el número total de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral en el estado de Jalisco, por 65 por ciento del salario mínimo diario vigente para la Zona Metropolitana de Guadalajara”.

Aunado a esto, se estableció que los partidos recibirían en los años en que se elija gobernador, 50 por ciento adicional de ese monto para “actividades tendientes a la obtención del voto”, y 30 por ciento cuando sólo se elijan diputados y ediles.

La fórmula resultó un éxito para los partidos políticos. De 2009, cuando se aplicó por primera vez en un ejercicio anual completo, hasta 2016, el número de jaliscienses inscritos en el padrón electoral que se usó como factor para el cálculo del financiamiento ha aumentado más de 12 por ciento.

Especialistas en materia electoral señalan que este incremento es constante, porque la credencial para votar con fotografía es la identificación oficial más importante y común en nuestro país, lo que hace que el ciudadano se inscriba en el padrón electoral aunque no tenga intención de votar.

A pesar de que el número de electores inscritos disminuya, como sucedió en 2015, que de 5.6 millones pasó a 5.5 millones de ciudadanos, los partidos tienen el otro factor de incremento seguro, que es el salario mínimo. Ese referente se ha incrementado de 2009 a 2016 más de 37 por ciento, lo que ha permitido que en ese mismo periodo la bolsa a repartir entre los partidos políticos creciera 53.8 por ciento.

A finales del año pasado, el Congreso de la Unión aprobó una reforma para desindexar el salario mínimo como medida para calcular precios de trámites, multas e impuestos. Pero esto no ha sucedido con el financiamiento a los partidos políticos.

Controversia constitucional

Cuando el Congreso del Estado aprobó la reforma electoral de 2008, el entonces gobernador Emilio González Márquez decidió interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El ex mandatario por el Partido Acción Nacional (PAN) declaró en su momento que “con la finalidad de defender los intereses de los jaliscienses” había decidido actuar jurídicamente. “El fondo de esta controversia es el rechazo a la pretensión de incrementar el dinero que se entrega a los partidos. Lo considero excesivo”, señaló.

En agosto de ese mismo año, la corte rechazó la controversia. El presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, quien era diputado local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), calificó las acciones del mandatario como “un circo”, cuyo único propósito “era engañar a quienes se van fácilmente con la finta, y un ejercicio que canceló en la práctica cualquier posibilidad de recomponer la decisión de entregar recursos a los partidos”.

El actual presidente del sol azteca, Raúl Vargas López, coincidió con esa visión, pues dijo que el partido en el poder es el que normalmente impulsa la reforma para reducir el financiamiento, “más que por convicción, por temporal”.

El excesivo incremento en los recursos que se entregarían a los partidos políticos fue aceptado también por quien era coordinador de la bancada mayoritaria en el Congreso del Estado en ese año, el panista Jorge Salinas Osornio, quien se comprometió a revisarlo después de las elecciones. Sin embargo, él fue uno de los beneficiarios, pues contendió por la alcaldía de Guadalajara en 2009.

Para el proceso electoral de 2009, en el que los jaliscienses decidieron autoridades municipales e integrantes del Congreso del Estado, los ocho partidos políticos registrados tuvieron para repartirse una bolsa de más de 231.3 millones de pesos. De estos, 161.8 millones de pesos fueron para actividades ordinarias y más de 64.7 millones de pesos para la promoción del voto, además de 4.8 millones para actividades específicas.

Ese año, tan sólo el PAN obtuvo casi el triple de los recursos que en el año previo se habían distribuido entre todos los partidos.

Si los recursos entregados a los partidos se comparan con los utilizados en el año electoral previo, que fue 2006, cuando además se eligió gobernador, el incremento en los recursos es de más de 150 por ciento.

Los años posteriores los partidos siguieron repartiendo los recursos, sin volver a tocar el tema de la reforma.

Partidos a la mitad

En abril de 2014, los diputados locales de la Sexagésima Legislatura por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) Héctor Pizano Ramos y Joaquín Portilla Wolff presentaron una propuesta de reforma que llamaron “partidos a la mitad”, en la que proponían reducir los recursos públicos que se les asignan, modificando el porcentaje del salario mínimo que se usa como referencia.

La propuesta fue suscrita por el entonces coordinador de los priístas, Miguel Castro Reynoso, en una Legislatura en que tenían mayoría.

Pero la causa duró pocos días. En junio de ese año el ex presidente del PRI Jalisco, el actual diputado local Hugo Contreras Zepeda, presentó la propuesta de reforma electoral que impulsarían y aceptó que no incluía la reducción del financiamiento a los partidos políticos.

El argumento del dirigente tricolor es que la fórmula fue establecida desde la Constitución federal y los estados no pueden cambiarla. Los legisladores Pizano Ramos y Castro Reynoso insistieron, pero no tuvieron respaldo de su partido.

Ese mismo mes el entonces coordinador de los diputados del partido Movimiento Ciudadano en el Congreso local y actual líder parlamentario en la Cámara de Diputados, Clemente Castañeda Hoeflich, presentó una propuesta para ligar el cálculo de recursos para los partidos políticos a la votación válida y no al listado de electores, lo que permitiría una reducción de 40 por ciento en el dinero que se les entrega.

En las negociaciones para aprobar la reforma electoral ninguna de las propuestas alcanzó consenso, por lo que no fueron incluidas.

El actual coordinador de los diputados de la fracción mayoritaria de Movimiento Ciudadano, Ismael del Toro Castro, afirmó que no han desistido en esa propuesta, por lo que esperan que la iniciativa presentada por Castañeda Hoeflich se dictamine cuando se revise la próxima reforma electoral.

Costosa burocracia

El problema más importante con el financiamiento público es que la mayor parte de los recursos se va a mantener su burocracia interna, explicó Manuel Clouthier, quien presentó la iniciativa para modificar este esquema de reparto. Señaló que los mexicanos no saben que por cada peso que los partidos políticos gastan en promoción del voto, reciben 2.5 pesos para gasto administrativo.

Factores que definen el financiamiento

Lo anterior significa, señaló, que la reforma de 2008 creó “una burocracia partidista que ha secuestrado la política. Hoy es tiempo de arrebatársela y ampliar los derechos de participación de los ciudadanos”.

Esta propuesta fue respaldada en Jalisco por el diputado independiente Pedro Kumamoto Aguilar. Para el legislador, el cambio tiene que ir en dos sentidos, la reducción del monto millonario que se reparte entre los partidos, pero también que los recursos se decidan con base en la votación que obtengan.

Kumamoto Aguilar dijo que es excesiva la cantidad de recursos que se destina a los partidos, “pero también tenemos que hablar de su representatividad”. Consideró que aún si se les entregara la mitad de los recursos que reciben hoy, “seguiría siendo mucho, porque son partidos que no son representativos”.

La iniciativa que él y Clouthier presentaron fue denominada “sin voto no hay dinero”, para desvincular la asignación del padrón electoral, porque actualmente cada ciudadano, sólo por el hecho de tener una credencial para votar, aunque no acuda a las urnas, representa recursos para los partidos políticos.

La referencia propuesta es la votación válida emitida. “Esto representa que si sólo va a votar 50 por ciento de los electores, les reduces 50 por ciento, pero si aparte de los que fueron, 10 por ciento fueron nulos, también se les tiene que quitar dinero, porque el señalamiento del ciudadano es claro”, dijo Kumamoto.

Lo anterior representaría una reducción de 65 por ciento en el gasto en partidos y, por otra parte, precisó, “si hacen campaña sucia, si no promueven el voto o si ponen a malos candidatos, la gente no va a ir a votar y van a tener menos dinero”.

Sobre la posibilidad que esta propuesta avance, señaló que ya está en Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, y en junio buscarán movilizar a los ciudadanos para que exijan su aprobación.

Beneficios para todos

La reforma en el financiamiento ha garantizado a los partidos políticos que, al margen de los resultados electorales que obtengan, seguirán recibiendo recursos públicos. En 2008 el PAN obtuvo 10.2 millones de pesos de financiamiento público, mientras que al siguiente año sus ingresos subieron a 80.7 millones de pesos, es decir 687 por ciento más.

Para 2016, a pesar de la debacle electoral panista, le corresponderán más de 50 millones de pesos.

Por su parte, Movimiento Ciudadano tuvo su recompensa por los resultados electorales de 2015. Convergencia, partido en el que tuvo origen, recibió antes de la reforma electoral 1.3 millones de pesos; los naranjas cobrarán en 2016 un total de 75.8 millones de pesos.

Ismael del Toro señaló que esta situación no ha cambiado la postura de su partido, “de estar a favor de la reducción de los recursos públicos a los partidos y que tenga un esquema de referencia directo con la votación obtenida, es decir, que no se mantenga a partidos por los que los ciudadanos no tienen preferencia electoral”.

Lo anterior quedó en evidencia con el registro de nuevos partidos políticos. Nada más por ser aceptados, Movimiento Regeneración Nacional y los partidos Humanista y Encuentro Social recibieron en 2014, para los meses de octubre a diciembre, 1.2 millones de pesos cada uno.

El año pasado, que hubo elecciones, cada uno se llevó 6.7 millones de pesos. Los ciudadanos no los respaldaron y para el ejercicio 2016 perdieron el derecho a recibir financiamiento público.

Financiamiento por partido

El presidente del PRD Jalisco, Raúl Vargas López, opinó: “El sistema de partidos en todo el mundo cuesta. No puede tener otro origen que no sean los recursos públicos”. Lo que en todo caso tendría que suceder es una mayor exigencia sobre transparencia y rendición de cuentas.

La reforma electoral ha representado para el PRD ingresos de 2009 a 2016 por cerca de 200 millones de pesos.

Además, la transparencia no ha sido asumida por los partidos. En la revisión que hizo el Instituto de Transparencia en 2014 encontró que apenas alcanzaron 61 puntos de los 100 a los que están obligados y que de la información financiera sólo alcanzan 43 puntos.

José Socorro Velázquez Hernández, presidente del PRI estatal, admitió que el tema debe revisarse por la polémica que genera, aunque señaló que no ha hablado con los otros partidos.

De la postura del tricolor, que se echó para atrás en la reducción de recursos en 2014, indicó que desconoce los antecedentes. “Hay opiniones que aseguran que el financiamiento es excesivo, pero hay quienes creen que es necesario”.

Recordó que uno de los argumentos para la reforma de 2008 fue que debía aumentarse el financiamiento público “para evitar que se dieran financiamientos poco transparentes o que permitieran la penetración de recursos de procedencia ilícita; desde ese punto de vista, me parece bien”.

También aceptó que están los señalamientos de una parte de la población, de “por qué, habiendo tantas carencias, se destinan recursos públicos a los partidos, y no dejan de tener razón. Ciertamente la democracia es cara, pero es más cara la dictadura o el autoritarismo”.

En 2008, el PRI recibió como financiamiento público poco más de 8 millones de pesos. El primer año de la reforma sus ingresos aumentaron a 63.4 millones de pesos, lo que representa 688 por ciento más. En el periodo en que esta fórmula ha estado vigente, el tricolor ha costado a los jaliscienses más de 600 millones de pesos.

Durante el periodo de vigencia de la reforma electoral, en Jalisco se han celebrado tres elecciones, dos en las que exclusivamente se eligieron munícipes y diputados locales, y una más en la que además se decidió gobernador. Si se suman los votos válidos, es decir, los que obtienen los partidos en las tres elecciones, habría 8 millones 670 mil 195 sufragios. Esto significa que en los últimos ocho años por cada uno de esos votos los jaliscienses además les han pagado más de 220 pesos.

Las ganancias de los partidos 2009-2016

DN