Violaciones a los derechos humanos

La semana pasada dábamos cuenta de la problemática que existe en Jalisco en torno a las violaciones de los derechos humanos y su defensa. Las instituciones creadas para garantizar su vigencia y señalar las faltas en que incurren las autoridades no han podido desterrar de Jalisco diversos tipos de violaciones a los derechos básicos, entre los que destacan las desapariciones forzadas, la violencia y la tortura, por más que se quiera negar.

Es curioso que el propio titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) pondere la experiencia y los doctorados en derecho de sus directores y colaboradores para ser candidatos idóneos a sucederle en la presidencia de la comisión estatal, cuando lo más apreciado en realidad serían el buen desempeño y los resultados obtenidos dentro de la institución en que laboran. En contraste, Álvarez Cibrián parece no estar muy contento con que organizaciones y colectivos de defensores de los derechos humanos en Jalisco impulsen la candidatura de personas ajenas a la institución que él ahora preside.

En fin, lo que importaría realmente es recuperar el peso y la autoridad moral que en sus inicios tuvo la CEDHJ. Y más que garantizar la continuidad de una institución y la permanencia de quienes la integran, sería deseable que respondiera al reto de atender nuevos y complejos problemas que han surgido en torno a los derechos ambientales, al derecho a disfrutar de una ciudad que incluya a todos y no segregue o excluya a importantes grupos humanos, por ser pobres, indígenas o migrantes, por ejemplo.

Tanto en Jalisco como en el país hemos constatado el recrudecimiento de las agresiones, persecuciones y asesinatos a defensores de los derechos humanos y periodistas. La organización Artículo 19 ha señalado que en 2016 fueron asesinados 11 periodistas, con lo que se han documentado a la fecha 426 agresiones, de las cuales 53 por ciento fueron cometidas por autoridades de los tres niveles de gobierno. Se destaca también que de 800 investigaciones por delitos en contra de la libertad de expresión, la fiscalía a cargo sólo ha emitido tres sentencias condenatorias. Sin duda un récord muy bajo.

Tres casos en particular muestran la indefensión en que se encuentran los profesionales de la comunicación y los periodistas en el país. Todavía recordamos el reciente asesinato de Miroslava Breach, quien resultaba muy incómoda para quienes controlan al crimen organizado y el poder político y económico alrededor de la Sierra Tarahumana. A este asesinato se suman los de Ricardo Monlui, en Veracruz, y Cecilio Pineda, en Guerrero, y 100 periodistas más de 2000 a la fecha.

Pasan los días y la atención a esas agresiones se convierten en gruesos expedientes, pero la justicia y la defensa para los periodistas a lo largo y ancho de nuestro país no llegan. Vamos perdiendo la memoria de los asesinatos y agresiones en los que las autoridades de muchos estados de la República y del país van dejando ver la negligencia con que actúan para esclarecer esos crímenes, cuando no la complicidad –aunque sea por omisión– ante el continuo asedio a los profesionales de la comunicación.

Queda claro que no basta crear nuevas comisiones o fiscalías para la atención a los delitos en contra de la libertad de expresión; lo que se impone es que todas esas instituciones, junto con las organizaciones defensoras de los derechos de todos los mexicanos puedan actuar de manera conjunta y que su trabajo traiga como resultado una defensa eficaz de todos los derechos de las personas y de quienes garantizan nuestras libertades básicas.

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JJ/I