El ex auditor superior Alonso Godoy manejó a la Auditoría Superior del Estado como si fuera una empresa de su propiedad. Las consecuencias brotaron en la revisión que hizo el nuevo titular del organismo, Jorge Alejandro Ortiz, cuyo diagnóstico arroja falta de transparencia, la indefinición de perfiles y la resistencia del personal a los cambios. En total, se señalan 21 puntos débiles.
Así que la chamba que le espera a la nueva administración no será fácil. Estos señalamientos forman parte del Plan Institucional de la Gestión Pública que prevé, para empezar, restablecer la comunicación con el mundo exterior, rota por Godoy Pelayo cuando se descubrieron los millonarios cobros que hizo, recursos públicos por más de 9 millones de pesos adicionales a su sueldo, de los que nunca dio una explicación. Y todo se hizo público y todos hicieron mutis.
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La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) recibió ayer una papa caliente respecto a la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Diana Arredondo, una aspirante a magistrada administrativa, puso la queja porque un diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Salvador Casas, la denostó por su estado civil, lo cual era irrelevante para ocupar el cargo. Ella y sus amigas defensoras de los derechos de la mujer están buscando visibilizar el tema para que no vuelva a pasar y para castigar al infractor. El asunto ya se mediatizó y politizó, y no puede quedar así nomás. El PRI demanda acciones y por lo pronto la Primera Visitaduría General de la CEDHJ emitió medidas cautelares al Congreso del Estado a fin de prevenir la consumación irreparable de actos violatorios de derechos humanos.
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Lo que también tendría que hacer la comisión es prestar atención a los casos internos, porque pareciera que ahí aplican la máxima “no pasa nada porque nadie vio” o “denunció”. Había un encargado de visitaduría en temas relacionados con la niñez y en pasillos se rumora que acosó a una empleada y no le iniciaron procedimiento con el pretexto de que no hubo queja formal. Los hechos son conocidos por altas autoridades que aseguraron tomarían cartas en el asunto sin ser necesaria la denuncia y al final no hicieron nada por este pretexto de forma. Tampoco han impuesto medidas para que no vuelva a pasar y todo sigue normal. Eso cuentan…
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El Semanario de la Arquidiócesis de Guadalajara continúa con la publicación de resultados de las encuestas que encargó de intención del voto. Hoy saldrá qué opinan jaliscienses de una treintena de municipios de muestra sobre por quién votarían, por melón (Enrique Alfaro) o por sandía (Miguel Castro).
Con la publicación, el órgano informativo semanal (pos sí, ¿verdad?) recibió comentarios de fuera y dentro, a favor y en contra de que publicara esos trabajos. Pero con el aval de la autoridad electoral, las encuestas siguen y seguirán, anuncian.
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Apenas constituido el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) ya se le pide estrenarse con un buen caso. Nos explicamos: una de las acérrimas críticas del entonces secretario de Salud Antonio Cruces Mada fue la coordinadora de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC) Consuelo Robles Sierra. Pues bien, solicita que el fiscal anticorrupción analice la gestión del ex funcionario estatal.
La legisladora dice que Cruces Mada fue negligente al permitir que caducaran más de 68 mil dosis de vacuna contra la hepatitis B, además de miles de anticonceptivos y medicamentos contra la influenza. También quien tendría vela en la investigación es el nuevo auditor superior del Estado, indica la diputada que una y otra vez hizo señalamientos de irregularidades pero, como dice, toooooooodos han sido llamados a misa. Ni caso le han hecho. ¿Ahora sí?
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JJ/I
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