Quinto Patio

En medio de la crisis visibilizada por las desapariciones en Jalisco, tras desconocerse el paradero de tres estudiantes de cine, les contamos que pasado mañana se reunirá el Comité Ad Hoc para dictaminar y preseleccionar a los mejores perfiles para ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada en la Búsqueda de Personas Desaparecidas en Jalisco. Vamos, un fiscal que ur-ge tenga la entidad y que se aboque, con suficientes recursos y personal calificado, a meterse de lleno en la indagatoria de tan graves delitos.

Una vez que esté listo el dictamen del comité, tendrá que hacerse público y enviarse al gobernador Aristóteles Sandoval para que de esa lista salga uno de los elegidos al delicado encargo. Los casos de desaparecidos son uno de los talones de Aquiles de la administración estatal. Lo más reciente es que el mandatario puso un plazo a la Fiscalía General para tener resultados sobre los estudiantes desaparecidos. La cuenta va en retroceso.

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En el proceso de selección del titular de la fiscalía especializada en la búsqueda de personas ha tenido un papel el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, que acompañó a la Fiscalía General del Estado esta semana en la aplicación de un caso práctico a los aspirantes al cargo. Mientras eso pasa, en el caso de los tres italianos secuestrados en Tecalitlán sus familiares ofrecieron una recompensa a quienes den información sobre su paradero ante la desconfianza en las investigaciones.

Anotemos que una de las organizaciones de familiares con desaparecidos, Por amor a ellxs, defendió públicamente al funcionario Luis Pablo Pinzón, a quien señalan recientemente ingresó a la fiscalía y desde su llegada los expedientes han tenido avances (“lo que antes no ocurría”, advierten). Por eso, la agrupación señala que desde diciembre han solicitado al fiscal general que al funcionario le den su nombramiento. Así las cosas en un tema que sacude miles de hogares jaliscienses.

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Los diputados locales aprobaron un día antes del periodo vacacional la nueva estructura de la contraloría interna. Lo hicieron sin anunciarlo, sin hacer ruido y como el último punto a aprobarse sin estar en la orden del día. No es la primera vez que se aprueban cosas sin que se sepan, y este acuerdo en especial llama la atención porque la contraloría interna tiene diez meses funcionando y precisamente en el periodo de campaña electoral aprueban su estructura.

Lo anterior se traduce indiscutiblemente en que habrá plazas libres para contratar a su gente, digámoslo con claridad. Las especulaciones que surgen de algunos enterados es que la decisión de crear cinco jefaturas obedece a un reparto de puestos entre las fracciones parlamentarias; si no, ¿para qué crear tantas? En este caso podrían tener la ventaja de contar con 20 espacios para meter allegados, que quién sabe si irán a trabajar al Congreso del Estado o sólo se irá a campañas. Porque, miren, la burra no era arisca, y con tanta cosa en lo oscurito, sin claridad, todo es posible en la política y los políticos tradicionales.

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Una vez que los magistrados del Tribunal Electoral del Estado por unanimidad multaron con 40 mil 300 pesos, por actos anticipados de campaña, al candidato del PRI a la presidencia municipal de Guadalajara, Eduardo Almaguer, éste consideró que la sanción es excesiva, indebida y que no la permitirá. Detrás de ese jurídico gancho al hígado está una queja que presentó Movimiento Ciudadano (MC).

Ignoramos si los monitorea en redes sociales, los espía-fiscaliza (para no negar su pasado) o le pasaron el chisme, pero Almaguer señaló que la medida (la multa, pues) está presumiblemente viciada por las “constantes visitas” del candidato naranja a la alcaldía de Guadalajara, Ismael del Toro, y del alcalde interino tapatío, Enrique Ibarra Pedroza, al presidente del tribunal electoral local, el magistrado Rodrigo Moreno Trujillo, de quien dudó de su imparcialidad. ¡Ups! (Sospechamos que Almaguer no cree en las amistades y visitas limpias, puras y desinteresadas…).

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