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El Fiscal
En seguridad
De los 67 casos aprobados por el cabildo de Guadalajara para la regularización de torres chuecas, se echaron para atrás ocho procesos, la mayoría por incumplimiento de pago por parte de los desarrolladores y uno porque se derogó el decreto.
Además, llevaron los casos a tribunales tres empresas que anteriormente habían solicitado adherirse a los mecanismo de Compensación, Indemnización y Mitigación, pero ahora buscar que se anulen los procesos.
En otros tres casos se perfila el incumplimiento, pero por los tiempos deberá darle seguimiento la siguiente administración.
Son siete los desarrolladores que no cumplieron con sus obligaciones “habiéndoseles cumplido el plazo”, refirió en el informe de cierre de gestión la presidente del Comité Técnico para la Compensación, Indemnización y Mitigación por Acciones Urbanísticas, Martha Patricia Martínez Barba.
Por violar los Planes Parciales al construir más de lo permitido en López Mateos 39, a un edificio que tiene 31 niveles de uso comercial y un roof garden se le fijó un monto de regularización por 7 millones 361 mil 270 pesos, pago que no cubrió.
En Herrera y Cairo 2966, de seis niveles y dos unidades privativas, se establecieron 7 millones 9 mil 454 pesos de sanción que no fueron saldados.
A la torre ubicada en López Cotilla 2128, que cuenta con 17 niveles en los que alberga 145 viviendas, se le fijaron 6 millones 191 mil 625 pesos que tampoco pagó.
En Hipodrómo 2077, que en 16 niveles tiene 66 unidades privativas, se le habían establecido como multa 3 millones 350 mil 130 pesos.
La Paz 2356 tiene nueve niveles en los que se distribuyen 45 viviendas. La pena que no cubrió era de 2 millones 197 mil 400 pesos.
Patria 18, que cuenta con oficinas distribuidas en 13 niveles, se le multó con un millón 920 mil 600 pesos, pero como el resto tampoco la cubrió.
En Ángulo 2929, finca de cuatro niveles y ocho unidades privativas, se le establecieron 259 mil 080 pesos que no pagó.
Mientras en Industria 391 y 392 se concluyó el caso al derogarse el decreto que establecía 337 mil 680 pesos a cargo de la firma Hogares alternativos dignos y accesibles, SA de CV.
“Por un error involuntario se continuó el procedimiento de compensación”, refirió Patricia Martínez en el informe. La edificación “no excedía el Coeficiente de Utilización del Suelo previsto en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano vigente y aplicable en ese momento”, agregó sobre el decreto avalado en cabildo el 13 de abril de 2016 y que casi un año después, el 7 de abril de 2017, se derogó.
Además de los dos casos recientemente avalados por el pleno del ayuntamiento tapatío, hay otros tres que violaron la normativa municipal y no habían cumplido con los pagos para enderezar las torres.
En Miguel de Cervantes Saavedra 197, la empresa Cinco Contemporánea, SA de CV, debió pagar un millón 917 mil 69 pesos más acciones de mitigación. El plazo venció el 1 de septiembre, aunque aún está en lapso para presentar documentación y comprobar la ejecución de las medidas.
Para la torre ubicada en Diagonal San Jorge 93, ascendió a 11 millones 740 mil 480 pesos más acciones de mitigación. La empresa Diagonal San Jorge, SA de CV, no firmó de conformidad el convenio, pero éste no se echó abajo antes porque el plazo era el 1 de septiembre y el informe se presentó antes de esa fecha.
En Lerdo de Tejada 2100, Constructora y Promotora Gosa, SA de CV, debió pagar un millón 344 mil pesos. Tampoco firmó el convenio y su plazo venció el 1 de septiembre, por lo que tocará a la siguiente administración emprender las acciones correspondientes.
Por la edificación en Hidalgo 1615, a la empresa B&B Construcciones, SA de CV, se la había fijado el pago de 3 millones 861 mil 799 pesos, entre ellos poco más de medio millón para el polémico programa de Arte Público. Inconforme, la firma se fue a tribunales y el pleito legal continúa.
Localizado en Mar Egeo 1424, la firma Torre Mar Egeo, SA de CV, debió pagar 2 millones 13 mil 410 pesos más acciones de mitigación por violar los Planes Parciales. El juicio de nulidad que promovió aún está en proceso.
En Ávila Camacho 2227, Optiterra, SA de CV, debió pagar un millón 138 mil 830 pesos. Inconforme, se fue a tribunales y aún no se resuelve de fondo el caso.
NÚMERO
3 millones 861 mil 799 pesos fue el pago que se le fijó a una empresa que finalmente se fue a tribunales
JJ/I