A Toda Máquina: ¿carpetazo?

Mientras aún se mantiene en el aire la razón del porqué el secretario de Administración, Esteban Petersen Cortés, no firmó la irregular licitación y adjudicación ni el contrato con la empresa Operadora de Servicios Mega para el arrendamiento de maquinaria pesada del programa A Toda Máquina, quienes tendrán que enfrentar ahora la responsabilidad de las faltas graves que detectó la Contraloría del Estado en su investigación son el director general de Abastecimiento, quien prácticamente se hizo cargo de todo el proceso, y además el director del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones.

A los titulares de estos cargos, presuntamente responsables de las irregularidades confirmadas, son a quienes la Contraloría del Estado señala en la resolución o dictamen que hizo llegar al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y que hoy está sobre el escritorio del magistrado presidente de la Tercera Sala Unitaria, Juan Luis González Montiel, quien es el que tiene en sus manos esta papa caliente a la que, al parecer, en el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción se pretende dar carpetazo, según trascendió luego de la más reciente sesión que llevó a cabo.

Decía en mi entrega de ayer que no hay una explicación al porqué sospechosamente se modificó el turno del caso A Toda Máquina en el TJA cuando quien conoció inicialmente del asunto fue el magistrado Armando García Estrada, pero sorpresivamente el seguimiento del proceso le fue adjudicado al magistrado González Montiel, quien tendrá que dar cuentas a la sociedad jalisciense de que su actuación en este caso estará ajena a la satisfacción de intereses o línea proveniente de Casa Jalisco o palacio de gobierno.

Los antecedentes de la contralora Teresa Brito como funcionaria pública y al ser la primera de quienes están involucrados en esta investigación que dio resultados de su trabajo en el caso, nos llevan a confiar de antemano que integró los respectivos expedientes minuciosa y cuidadosamente como para no correr el riesgo de que el magistrado del TJA que atiende el asunto encuentre inconsistencias que lo lleven a dictaminar que no hay elementos para ratificar las acciones legales propuestas por la Contraloría del Estado y no sólo deseche el asunto sino que lo dé por concluido, dejando sin castigo el mayor escándalo con el que se inauguró el gobierno alfarista.

El magistrado Juan Luis González Montiel deberá demostrar que está ahí para cuidar los intereses de los ciudadanos y no de los gobernantes o políticos preocupados porque este escándalo se entierre lo más pronto posible.

Por otro lado, la fiscalía anticorrupción ha guardado sepulcral silencio en torno a la investigación que realiza sobre este escándalo. Su titular, Gerardo de la Cruz, ha evitado hablar del tema o informar del curso que lleva el trabajo que obligadamente debe realizar, mientras habrá que esperar para conocer también el curso de otras denuncias y demandas que se han interpuesto en otras instancias sobre este caso, como es la denuncia que legisladores de Morena interpusieron ante la Auditoría Superior de la Federación, toda vez que en este programa A Toda Máquina hay involucrados recursos federales.

Reitero: hay señales de que desde el Ejecutivo, como dentro del Comité Coordinador del SEA, hay un especial interés por darle carpetazo a este escándalo y se cierre uno de los episodios más oscuros de este incipiente gobierno naranja. Y, al parecer, hay integrantes de este comité dispuestos a darle gusto al Ejecutivo.

Pero esta historia tiene otros capítulos abiertos: los pagos posfechados para mayo de 2020 que dio a conocer el dirigente de Morena, Hugo Rodríguez, y saber si el Congreso le aprobará al Ejecutivo los recursos económicos para hacer frente a esos pagos. Al tiempo.

ES TODO, nos leeremos ENTRE SEMANA.

da/i