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Desocupación

La semana pasada, el Inegi publicó la ENOE del tercer trimestre de 2019. Los resultados de la encuesta señalan que durante dicho trimestre la tasa de desocupación (TDD) ascendió a 3.7 por ciento. Esto significa que hubo aproximadamente 2.15 millones de mexicanos que no trabajaron ni una hora a la semana, a pesar de que tenían disposición de hacerlo y de que hicieron alguna actividad para obtener empleo. 

La encuesta señala que la desocupación ha crecido en el último año. Particularmente, la población desocupada en el tercer trimestre de 2019 creció en más 213 mil personas con respecto al mismo periodo de 2018. Asimismo, la Tasa de Ocupación Parcial y Desocupación (TOPD) ascendió a 9.6 por ciento. Esto significa que hubo aproximadamente 5.5 millones de personas desocupadas y ocupadas trabajando menos de 15 horas a la semana.    

La ENOE también muestra que la TDD fue heterogénea entre las entidades federativas durante el tercer trimestre. Así, mientras que Tabasco, Querétaro y Ciudad de México tuvieron, respectivamente, tasas de 7.1., 5.4 y 5.0 por ciento; Guerrero, Hidalgo y Oaxaca tuvieron tasas de 1.4, 2.0 y 2.0 por ciento. Particularmente, dicha tasa para Jalisco ascendió a 3.2 por ciento, lo cual significa que hubo aproximadamente 125 mil personas desocupadas. 

La TOPD también fue heterogénea; pero no se comportó de la misma manera que la TDD. La ENOE muestra que Tabasco, Zacatecas y Nayarit tuvieron, respectivamente, tasas de 15.7, 13.1 y 13.0 por ciento; mientras que Baja California Norte, Jalisco y Morelos tuvieron tasas de 6.6, 6.8 y 6.9 por ciento. Particularmente, dicha tasa para Jalisco puede interpretarse en términos de que hubo 256 mil personas ocupadas parcialmente o desocupadas. 

En mi opinión, la ENOE muestra que los hogares han empezado a resentir los efectos de la desaceleración de la economía mexicana. Sin embargo, debe señalarse que la encuesta también sugiere algunas políticas públicas para paliar dichos efectos. Específicamente, políticas estatales de ocupación y empleo; y políticas fiscales expansivas para sectores económicos específicos (en orden de prioridad: construcción; servicios sociales; transportes y comunicaciones). 

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