Nos despojaron del río; ahora hay cáncer: activista

La difusión de un estudio sobre la contaminación del Río Santiago -a cargo del periodista José Toral-, y que estuvo oculto durante una década, confirmó el daño al que están expuestos los habitantes de El Salto, compartió la activista Graciela González Torres, integrante de la asociación Un Salto de Vida. 

Mencionó que ellos solicitaron reiteradamente esa información para tener más pruebas que sustentaran lo que viven a diario, pero las autoridades se las negaban; ahora, el panorama es desalentador y alarmante. 

“Tristemente con sus hijos enfermos de cáncer e insuficiencia renal, con retraso mental; es decir, que los contaminantes y según lo que demuestra el estudio, toda la población estamos sujetos, y creo que ahora más que hace 10 años a un grado de exposición muy alto”. 

Mencionó que tras revelarse este documento, ni el secretario de Salud, Fernando Petersen, ni el gobernador, Enrique Alfaro, se han acercado a los afectados, y al contrario, han optado por el silencio en vez de tratar de remediar la situación.

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“Nos vuelven a hacer víctimas de su actitud cerrada, de ocultamiento, de negación del caso. Creo que sería más fácil para las autoridades, empezar a actuar que a querer mantener sofocado el tema. El dinero que se están gastando que se tiene que reconducir a la atención de salud en esta población”.

Incluso, mencionó la activista en entrevista para Informativo NTR, el gobierno del estado y el ayuntamiento de El Salto, hace poco anunciaron la ampliación del corredor industrial Del Río Santiago.

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“Nos han despojado de los bienes comunes que nos daba el río Santiago, nos daba comida, tranquilidad, sueños, felicidad, modos de vida; llegó la industria paulatinamente, tuvo su auge, y pensábamos que con todo este proceso y conocimiento del daño las cosas podían parar pero el gobernador actual, y nuestro presidente municipal Ricardo Santillán acaban de anunciar que van ampliar el corredor industrial”.

Este lunes pobladores de las comunidades afectadas acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) para quejarse por esta situación. 

JB