Quinto Patio

Pues un juzgado federal dictó una suspensión de plano contra las medidas obligatorias anticovid, que porque el gobernador, por más autoritario, perdón, por más autoridad que se sienta, pues que no está por encima de la Federación, y si desde arriba se dijo que son medidas voluntarias, que así deben ser en todo el país. El abogado Armando Romero Haro fue quien consiguió esta suspensión gracias a un amparo que interpuso. ¿Será que el Poder Judicial sí le haga ver a Enrique Alfaro los límites que tiene en sus facultades? No estaría mal darle una repasada a la Constitución, o que, de perdida, se asesore bien.

Eso sí, la promesa de encarcelar y clausurar no fueron palabras al aire. A 165 cristianos que anduvieron en la calle sin cubrebocas y que supuestamente se le pusieron al tú por tú a los policías los llevaron a la barandilla; esto sólo la primera semana. Sumen más de 100 comercios clausurados. Aunque alguien debería decirle al gobernador que no se trata de usar por usar el cubrebocas, hay que usarlo bien, pues tampoco él conoce las medidas básicas para que el tapabocas tenga efecto positivo. Muchas son las ocasiones en las que se le ve manipulándolo para ajustar a su cara, en ese proceso, ya lo contaminó; desde ahí, debería poner el ejemplo.

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Luego de que les restringieron las visitas a los internos del complejo penitenciario de Puente Grande, en Tonalá, la situación se agravó cuando por lo menos 29 de los presos resultaran con coronavirus. Si bien las autoridades los han aislado, ahí se enfrentan más riesgos tan sólo por la sobrepoblación, sobre todo en el Reclusorio Preventivo. Se trata de una bomba de tiempo, en un mes cercano como mayo, en que el calor intensifica el malestar entre los presos. Ya ocurrió, recordemos, en los años 90, durante el gobierno panista de Alberto Cárdenas, un sangriento motín.

Si son 29 los internos contagiados confirmados y hasta se habla de la muerte de un empleado, las autoridades sanitarias tienen ahí mucho trabajo. Basta comparar los datos: son 30 los municipios con presencia de personas enfermas por el bicho, y tan sólo el centro penitenciario tiene apretujados, en un espacio reducido, más infectados que 27 municipios con personas atacadas por el coronavirus. Mucho ojo con lo que está sucediendo en ese reclusorio.

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Y ya que precisamos números de contagiados, fuera de Guadalajara y Zapopan, que tienen 88 y 63, respectivamente, el tercer lugar no lo ocupa un municipio metropolitano. Le corresponde a Puerto Vallarta, con 46. Con la industria turística tronada en este periodo por la pandemia, el bello destino de playa ahora enfrenta el creciente avance del coronavirus. Las medidas no sólo para combatir la enfermedad sino también para reactivar económicamente el municipio, deben empezarse desde ahora. Ya. O, si es posible, antes de ya.

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A la pregunta expresa de si la víctima de un secuestro era un regidor, el comisario Adán Domínguez León fue tajante. Que no, ningún regidor. Lo que no aclaró es que se trataba de un ex edil (y ex candidato a alcalde), un personaje al que se le vincula con el controvertido Joel González Díaz, y que ocupó el cargo de regidor en la administración de 2015 a 2018 en El Salto.

Diego Fernando Díaz Contreras es el nombre del ex regidor víctima del secuestro. Y en principio se había dicho que la otra persona plagiada era su hijo, pero después resultó que era un ex empleado también del ayuntamiento llamado Gustavo Cárdenas, quien dejó de estar en la nómina municipal meses atrás. Y, bueno, el comisario se limitó a decir lo obvio. Que el ministerio público había asumido el mando y conducción y que la policía municipal estará actuando con discreción. Ok, pues.

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