Quinto Patio

Que no hubo una sola desaparición. Es la percepción del gobernador Enrique Alfaro. Así de claro lo dijo en entrevista que dio ayer a Becky Reynoso en un programa especial con motivo de las jornadas de protesta por abusos policiales. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) documentó, igual que periodistas y usuarios de redes sociodigitales, que había agentes sin uniforme, una parte con el rostro cubierto, deteniendo personas, en vehículos sin placas, armados de palos y bates. El mismo Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México le recalcó al gobierno de Jalisco que bastan unos minutos de privación de la libertad para que exista la desaparición forzada. Técnicamente, las desapariciones cometidas el viernes 5 de junio por policías se tipifican como desaparición forzada, ha señalado la CEDHJ. 

Pero Alfaro no lo ve así. Para él, su policía estatal se portó a la altura, sin exceso en la fuerza. Ellos sí son sus policías, pero no son suyos ni su responsabilidad los de Ixtlahuacán de los Membrillos acusados de matar a Giovanni López ni tampoco los de la policía investigadora, acusados de desapariciones forzadas. Y nadie se va. El fiscal Gerardo Octavio Solís se queda porque está haciendo su trabajo. Porque su gobierno ha logrado bajar la inseguridad. Eso, aunque estén infiltrados por el crimen organizado, como el mismo gobernador declaró. Dice que así es en todo México. Pero tenemos los mejores números en cuatro años en materia de seguridad en el estado. No halla cómo escabullirse de su responsabilidad y de la del fiscal. 

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Mientras existen numerosos testimonios de cómo fueron violentados los derechos humanos de decenas de personas, la mayoría jóvenes, que participaban o acudían a manifestarse el viernes afuera de la Fiscalía del Estado; mientras la CEDHJ ha documentado la ilegalidad de las detenciones, el gobernador sigue buscando culpables externos. Los dos únicos agentes detenidos son chivos expiatorios, reiteran sus familias. Mientras, Alfaro construye un discurso político para salir a salvo. 

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Los edificios del Legislativo y del Judicial se salvaron de las pintas del fin de semana en protesta de la violencia de policías. Ni un daño resintieron, en ninguna parte. La broma entre sus moradores es que nadie los conoce y por eso se salvaron. De ninguna manera se trata de alentar nada, pero si los manifestantes conocieran que ahí trabajan los diputados y en el otro los magistrados, ¿las pintas y el enojo se hubiera ido contra ellos? Es una mera pregunta inocente. ¿Ok? 

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Como suele pasar, hasta ahogado el niño hacen cambios. El Congreso local confirmó el sábado su primer caso de Covid-19, que resultó de un empleado del área jurídica y hoy extremarán precauciones. Sanitizarán todo el piso donde está dicho espacio, mandarán al personal de esa área a su casa y pondrán túneles sanitizantes de ozono al ingreso. La toma de temperatura y la aplicación de gel son medidas que no lograron prevenir este caso, porque cuando ya estaba adentro fue cuando presentó temperatura, lo atendió el doctor y lo mandó a hacerse exámenes. 

Ya hay 18 casos sospechosos por contacto y los focos rojos son más rojos, porque así de fácil pueden darse brotes. Esta semana habrá aplicación de examen de conocimientos a los 67 aspirantes a consejeros de la Judicatura más a los observadores, así que habrá mucha gente, y el miércoles va el secretario de Hacienda, Juan Partida, pues ningún evento se cancela. Las medidas iniciales, donde todos los diputados usaron caretas en la primera sesión tras vacaciones de Semana Santa y Pascua se relajaron, al igual que la sana distancia entre empleados o escritorios. Ahora sí, ya están preocupados. 

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