Sentimentalismo sin metas

Los recursos destinados a la seguridad de los estados tienen un fondo especial que es esperado cada año para realizar muchos de los gastos más importantes económicamente, como la adquisición de vehículos y de equipo. 

El llamado Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, aunque ya no se llame Distrito Federal, mejor identificado como FASP, es muy conocido principalmente por los municipios de poca población que necesitan más de él para obtener nuevas patrullas, chalecos e incluso uniformes. Cada año el gobierno del estado hace un evento enorme en el que les entrega una o dos camionetas para cada uno como si fuera el propio gobierno del estado el que donara esos recursos a los gobiernos locales. 

Los municipios populosos generalmente tienen acceso a otro fondo conocido como Fortaseg y anteriormente Subsemun, que les hace llegar los recursos de manera directa sin intervención del estado para que apliquen los distintos programas prioritarios según sus propias capacidades. 

Ambos fondos establecen mecanismos de evaluación y como parte de ese proceso el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco presentó su informe respecto al FASP 2019, en el cual se notan muchas improvisaciones en la gestión de los recursos y en su aplicación de una manera que a veces parece hasta discrecional. 

Para la realización del documento, los funcionarios del IIEG visitan directamente las instalaciones de las instancias de gobierno y realizan el cuestionario para verificar el cumplimiento de objetivos y la opinión de quienes están involucrados en la aplicación de las políticas públicas. 

El informe apareció este sábado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco y entre sus páginas uno se encuentra que programas como los destinados al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) no cuentan ni siquiera con metas específicas para tener un punto de referencia con respecto al cual se pueda valorar el avance o no en la aplicación de los recursos. 

Y se nota. Durante todo 2019 hubo reportes de insuficiencia en la capacidad de las morgues para resguardar todos los cadáveres que llegaban y que siguen llegando y que se siguen acumulando, muchos de ellos en pedazos. La cantidad de partes humanas localizadas por la fiscalía cada mes en fosas clandestinas ya ni siquiera es reportada oficialmente, habiendo sobrepasado los cientos de secciones anatómicas en cada período. 

Aun así, la Coordinación General Estratégica de Seguridad niega que el IJCF esté siquiera al límite de su capacidad en la materia. Y los cuerpos son sólo un aspecto del gran problema de seguridad en Jalisco. 

Claro que el documento señala algunos avances en la aplicación de los recursos y en los resultados obtenidos a partir de algunos de esos programas prioritarios. Y por tratarse de un órgano autónomo que no tiene autoridad, el IIEG no menciona abiertamente cuáles serían las acciones que tendría que emprender el gobierno del estado para remediar esas deficiencias. 

Pero el informe está allí y muestra cómo los mismos funcionarios de seguridad y de procuración de justicia perciben que las carencias les tienen atadas las manos en muchas de sus atribuciones y obligaciones. En política y administración pública el interés se demuestra en el presupuesto y la verdad es que muchos de los programas llamados prioritarios no han tenido históricamente ese tratamiento. 

La retórica oficialista ha proclamado que la seguridad es lo primero y a cada programa le dedica discursos sentimentaloides cada vez que le explota el problema en las manos. Pero lo que debería dedicarles es metas específicas y trabajar en ellas. 

Twitter: @levario_j

jl/I