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Presentan 246 quejas por actos de la autoridad

(DAÑO. La CEDHJ detectó agravios a los derechos de la población indígena. Foto: Especial)

Por agravios a sus derechos humanos, personas han presentado 246 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), una de ellas colectiva y el resto individuales, relacionadas con la actuación de las autoridades para contener el Covid-19. 

El dato se desprende de un informe especial sobre el impacto a los derechos humanos durante la contingencia de Covid-19, el cual abordó las repercusiones a nivel epidemiológico local y las consecuencias de las actuaciones para la atención y contención de la enfermedad en el período del 11 de marzo hasta el 31 de mayo. 

La enunciación de lo ocurrido incluye propuestas para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como para las autoridades municipales, a fin de que incorporen la perspectiva de derechos humanos a la atención de la pandemia, según las directrices de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Del total de quejas, 56 por ciento está relacionada con probables violaciones a derechos humanos por condiciones de pobreza, falta de acceso al empleo y negativa de apoyos. 

Las quejas abordan la situación de empleados públicos expuestos a laborar durante la contingencia; discriminación por ignorar el trato diferenciado del distanciamiento social para personas con discapacidad; sanciones desproporcionales por no acatar restricciones sanitarias; interrupción en el servicio de agua potable, entre otros agravios a los derechos humanos. 

La CEDHJ narra además afectaciones diferenciadas, especialmente para grupos vulnerables como las mujeres, la población indígena, la población migrante –entre ellos un ciudadano cubano, un salvadoreño y siete estadounidenses– las personas adultas mayores, los niños, jóvenes y adolescentes, y la población penitenciaria. 

De las quejas individuales presentadas ante el órgano estatal, 12.5 por ciento se relaciona con restricciones impuestas y la probable violación del derecho a la legalidad y la seguridad jurídica. 

jl/I