Quejas por desapariciones exhiben desamparo oficial

Con armas de alto poder, en varios vehículos, arriban sorpresivamente a las casas de sus víctimas, se introducen con violencia, en ocasiones a tiros, golpean a los moradores y los privan ilegalmente de la libertad; a quienes viajan en sus automotores en cualquier ciudad o que se trasladan en carretera, los someten a la fuerza y los llevan con rumbo desconocido; persiguen casa por casa a quienes les han encomendado atrapar y conducir a sitios alejados de la mirada pública; nada los detiene, incluso actúan frente a elementos de seguridad pública, como sucedió en Tala. Son los delincuentes que desaparecen personas en Jalisco. 

No les importa desaparecer hombres o mujeres, jóvenes o adultos, esposos o hijos, incluidos policías; tampoco les impide que sea de día o de noche, en cualquier calle metropolitana, carretera o brecha de la entidad; atrapan a sus víctimas en un negocio o en el vehículo que tripulan; son verdugos que deciden a quién sí y a quién no perdonarle las torturas y/o la vida. Los responsables de las desapariciones suelen actuar en grupo, con acciones planeadas y ejecutadas con la frialdad de una posible venganza, cobro o atraco. 

Las historias resumidas las narran familiares de desaparecidos que presentaron 27 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) en el primer semestre del año pasado. Se trataba de inconformidades tras 34 desapariciones cometidas entre 2017 y 2019, “que tienen como rasgo común la tragedia, el dolor, la importancia, la desesperación y la angustia” de sus familiares o seres queridos, de tres mujeres y 31 hombres. 

De la recomendación 35/2020, de 129 cuartillas, presentada hace días, en cinco casos las quejas recogen testimonios de la posible intervención de policías; en dos, de corporaciones municipales, y en tres de la Fiscalía del Estado. De las 34 personas desaparecidas, dos fueron localizadas sin vida. 

Tras leer la recomendación es claro que las investigaciones de los 34 han sido un desastre. Lo concluye así la CEDHJ: las áreas responsables de la seguridad pública, procuración y acceso a la justicia del gobierno del estado, personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y las autoridades de seguridad pública y ciudadana de los municipios donde ocurrieron las 34 desapariciones, son responsables de la violación a los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, por incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia y el derecho al acceso a la justicia, a la integridad y seguridad personal, a la libertad personal, a la vida, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la verdad y al recurso judicial efectivo, en agravio de los desaparecidos, como víctimas directas y, como víctimas indirectas, de sus familiares y quien tenga derecho. 

La recomendación señala algo importante en cuanto a las carencias en las referidas dependencias, al revelar que quedó en evidencia que no se cuenta con los recursos, las instituciones, las medidas y las políticas públicas suficientes, ni con las herramientas necesarias para prevenir y, en su caso, evitar las desapariciones en las formas en que fueron denunciadas, ni se realizó la búsqueda bajo los estándares aplicables. Las oficinas y personal naufragan con exceso de trabajo, casos y falta de apoyos. 

El personal de la Fiscalía Estatal y del IJCF violó derechos humanos de las víctimas de las desapariciones, pues “no actuaron bajo los principios de debida diligencia, eficacia, efectividad, exhaustividad y máxima protección, entre otros, que deben regir en las investigaciones de desaparición de personas y la búsqueda y localización de estas”. Un desastre. Un ejemplo del desamparo oficial. 

Twitter: @SergioRenedDios

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