INICIO > OPINION
A-  | A  | A+

Desaparición forzada, delito sólo en papel

La Fiscalía del Estado detuvo a 11 policías municipales por su presunta participación en la desaparición forzada de personas. Esta información apareció el domingo en páginas web informativas y redes sociales, además de publicarse ayer en la prensa escrita como una nota más de seguridad; sin embargo, deberíamos detenernos para revisar el significado de la información. 

Los policías están para cuidar a la población; al menos esa tendría que ser su función. En México, hace tiempo que nos quedó claro que no es así. Sin embargo, este caso cobra especial importancia porque va más allá de la percepción de los ciudadanos sobre ese vínculo entre corporaciones de seguridad y delincuentes o, incluso, que hay elementos de seguridad que son delincuentes. Este caso es un hecho que le da certeza a esa percepción. 

Según el Código Penal del Estado de Jalisco, comete el delito de desaparición forzada de personas “el servidor público, el particular actuando por orden de autoridad o integrante de los cuerpos de seguridad pública que prive de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuera su forma, seguido de la negativa de reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre la suerte, destino o paradero de la persona”. Se trata de un delito grave que amerita de 40 a 60 años de prisión. 

Cuando en 2013 se incluyó en el Código Penal un capítulo especial sobre desaparición forzada se consideró que se había dado un paso definitivo hacia la apertura de procesos contra elementos de seguridad y funcionarios públicos que incurren en el mismo. Sin embargo, poco o nada ha sucedido como consecuencia de esta reforma. 

Lo primero que ha jugado a favor de los policías que participan en desapariciones forzadas es la protección de sus respectivas autoridades, pues ni siquiera hay transparencia sobre los casos en que este delito se comete. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad ni siquiera reporta el delito de desaparición y mucho menos cuando éste es cometido por funcionarios públicos. 

Por su parte, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación comenzó a formalizar la publicación de las desapariciones en México y su clasificación por estado, aparentemente más apegado a la realidad. Sin embargo, en este caso tampoco hay datos sobre cuántas de esas desapariciones son forzadas. 

En los datos que arroja el informe Fiscalómetro, que elaboró el colectivo contra la Impunidemia, publicado por el sitio informativo Animal Político, se señala que “en los últimos 13 años las fiscalías de todo el país sólo han resuelto con una sentencia condenatoria 73 de más de 46 mil casos denunciados e investigados” por tortura y desaparición forzada. En la nota, firmada por el periodista Arturo Ángel, enfatiza que eso significa “una efectividad cercana a 0 por ciento”. 

Por eso sorprende que sea precisamente la fiscalía la que dé a conocer estos casos, porque ni siquiera cuando se han intervenido las policías municipales por parte del gobierno del estado, se ha precisado si hay investigaciones concretas por este delito contra elementos de las corporaciones desarmadas. 

La participación de policías en la desaparición forzada, tanto en los municipios como en los estados y por parte de elementos de corporaciones federales, civiles y militares, ha sido señalada hace muchos años. Sin embargo, salvo algunas recomendaciones de derechos humanos, no hay avances en las investigaciones. Y la prueba es lo sucedido el 5 de junio, cuando elementos de la Fiscalía del Estado incurrieron en desaparición forzada de jóvenes que se manifestarían frente a sus instalaciones, sin que todavía haya claridad sobre los procesos de investigación que se siguen. 

soniassi@gmail.com

jl/I