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Crucificándose
Empiezan las campañas
Las familias hablan, así se titula el documento que los colectivos de familiares de personas desaparecidas presentaron como respuesta al segundo informe del gobernador de Jalisco Estamos buscando y que refiere un incremento de casi 10 el porcentaje de personas localizadas con respecto a las personas denunciadas como desaparecidas del año anterior. Destaca como logro que la judicialización de personas por delito de desaparición incrementó de 34 en 2018 a 204 en 2020 y que el total de personas denunciadas por desaparición presentó una disminución de 18.31 por ciento entre enero y septiembre de 2020, en relación al mismo periodo de 2019.
Pero desde la voz de las familias la información está lejos de ser optimista; en un mensaje audiovisual transmitido como respuesta al informe de Alfaro, integrantes de los colectivos Por Amor a Ellxs, Entre Cielo y Tierra, Guerreras de Chapala y organizaciones sociales y académicas que acompañan el proceso de búsqueda en Jalisco iniciaron su intervención denunciando que de las tres promesas formuladas por el gobernador –“hablar con la verdad, actuar con responsabilidad y poner a las víctimas en el centro de la atención”– ninguna puede sostenerse con hechos.
Las familias describen el informe del gobernador como un ejercicio unilateral en el que no pudieron expresar sus opiniones y, para mostrar la realidad que viven en el día a día con sus familiares desaparecidos, integraron testimonios que hablan de la problemática que enfrentan al buscar a sus seres queridos y denunciaron malas prácticas por parte de las autoridades, así como la revictimización de la que son objeto de manera frecuente.
Señalaron que no hay búsqueda ni investigación oportuna; que la mayoría de las veces son las familias las que con sus propios recursos y poniendo en riesgo su integridad –porque algunas han sido amenazadas–, son quienes aportan las pautas para empezar a buscar y hacen las primeras indagatorias, pero cuando llegan con la autoridad los procesos no avanzan.
Explicaron que la revictimización prevalece, pues desde sus experiencias, cuando se acude a denunciar que un familiar ha desaparecido la autoridad siempre tiende a buscar un argumento para minimizar el hecho; todavía les dicen que esperen 72 horas porque seguro aparecerá; si el desaparecido es el esposo les dicen que “seguro ya se fue con otra”; si es el hijo les cuestionan señalando “pues seguro en algo andaba”, y si es hija entonces la primer respuesta es que “se fue con el novio”. Esa actitud impide que haya celeridad en iniciar la búsqueda, en abrir una investigación y elementos valiosos como los videos de cámaras de vigilancia o registro de llamadas pueden perderse.
Otros argumentos para cuestionar el informe presentado por el gobernador refieren a que a los familiares de desaparecidos se les cuestiona si hacen contactos con medios de comunicación; que se difunden muy pocas fichas de Alerta Amber o las cédulas del Protocolo Alba necesarias en la búsqueda inmediata de niños, niñas, adolescentes, que no se hace análisis de contexto en la mayoría de los casos y que para quienes viven en las regiones fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara la situación es mucho más complicada y se enfrentan a casi la nulidad de acciones, especialmente porque la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas tiene exceso de trabajo y le falta equipamiento, personal especializado y tecnología de punta.
La desaparición de personas es un grave problema social que demanda de las autoridades una fuerte voluntad para actuar, no se puede avanzar en las soluciones sin escuchar a las familias; la experiencia de organización, de lucha, de búsqueda e investigación les convierte en el referente principal que debe ser considerado en todo momento.
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