Sin autonomía del Poder Judicial tampoco hay justicia

“Transformar a fondo el Poder Judicial es una deuda con Jalisco que ha ido arrastrándose por décadas y que fue sumergiéndose entre el cinismo y la corrupción”. Este texto fue escrito por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez el 12 de diciembre de 2019. Casi un año después, el Consejo de la Judicatura señala que el Poder Judicial no es autónomo y que mantiene una “dependencia y subordinación del Poder Ejecutivo”, ése que encabeza Enrique Alfaro. 

Esa dependencia es conocida. Sin embargo, en esta ocasión lo que destaca es que sea el mismo Poder Judicial el que lo admita. El señalamiento aparece en el proyecto de gasto que envió el Consejo de la Judicatura al gobernador, aunque sus peticiones no fueron escuchadas. Por cierto, la Judicatura es presidida por el titular del Poder Judicial, Ricardo Suro, quien antes de enviar ese documento conocía su contenido. 

La falta de autonomía del Poder Judicial es principalmente económica, como lo señala el documento. Pero también lo es por la intromisión de los otros poderes en el nombramiento de magistrados y, por si fuera poco, política. 

En la petición de recursos para el próximo año, el Consejo de la Judicatura acude a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enlista las acciones que violentan la división de poderes. Estas son la “intromisión, dependencia o subordinación de otro poder” sobre el nombramiento, promoción o indebida remoción de los miembros del poder judicial, la remuneración inadecuada, carrera judicial y autonomía en la gestión presupuestal”. En Jalisco se cumplen todas. 

El nombramiento de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) y de los consejeros de la Judicatura se da, eso es sabido, en acuerdos de reparto entre los partidos políticos representados en el Congreso del Estado, negociaciones en las que los gobernadores participan llevando mano. De manera indirecta, a través de los consejeros de la Judicatura que nombran, los partidos también intervienen en el nombramiento de jueces. 

En cuanto a la remuneración que reciben por su trabajo, los magistrados están protegidos desde la Constitución; sin embargo, en el caso de los jueces apenas se han hecho algunos ajustes en los últimos años para mejorar sus percepciones, mientras la mayor parte del personal registra un rezago importante, al margen de la responsabilidad que tienen en la administración de la justicia. 

La intervención de los partidos políticos, a través de los poderes Legislativo y Ejecutivo, también ha impedido que la carrera judicial se respete. 

Finalmente está la dependencia presupuestal del Poder Judicial. Como si se tratara de un menor de edad, los gobernadores en turno se han negado a atender las demandas que se hacen para la creación de más juzgados, mejores herramientas, personal faltante e incluso regionalización de la justicia en segunda instancia. 

Pero también está la dependencia política. A pesar del trato que han recibido de los gobernadores, los presidentes del Poder Judicial siempre se mantienen más cerca de los titulares del Ejecutivo que del poder que representan. 

Nada más basta revisar la estrecha relación de Celso Rodríguez con el panista Emilio González Márquez y de Luis Carlos Vega Pámanes, quien incluso tenía en su perfil de WhatsApp una fotografía del ex gobernador priista Jorge Aristóteles Sandoval. Esa misma cercanía la ha mantenido el actual presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Estado (STJE) Ricardo Suro, primero con Aristóteles Sandoval y ahora con Enrique Alfaro Ramírez. 

Quien lleva la peor parte en esta dependencia son los ciudadanos, que no pueden acceder a la justicia. 

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