Investigación de ATM, reservada

Porque “la divulgación de dicha información” atenta contra el interés público y “el daño o el riesgo de perjuicio que se produciría con la revelación de la información supera el interés público general de conocer la información”, entre otros argumentos, la Contraloría del Estado reservó los datos sobre la investigación que comenzó hace más de un año por la licitación del programa A Toda Máquina (ATM). 

La dependencia resolvió una solicitud de información presentada por El Diario NTR Guadalajara con el oficio DC/UT/533/2020, en la cual confirma la existencia de la investigación, pero también da a conocer que Eduardo Enrique Macías Sedano, director del Área de Responsabilidades y de lo Contencioso, solicitó “la reserva de los expedientes 008/2019-A, 009/2019-A, 010/2019-A y 011/2019-A”, la cual fue aprobada el 26 de octubre. 

Según los datos proporcionados el año pasado por la Contraloría estatal, las investigaciones son contra una empresa y dos funcionarios. Uno de ellos es Luis Arturo López Sahagún, director general de Abastecimientos de la Secretaría de Administración y quien actualmente sigue como el responsable de la mayor parte de las compras en el gobierno del estado, incluidas las que se realizan con los recursos del crédito de 6 mil 200 millones de pesos que fue contratado este año por la pandemia. 

El 26 de octubre, el Comité de Transparencia de la dependencia se reunió ante la solicitud de información con número SAIP/408/2020, la cual fue presentada por este diario. En la sesión se dio cuenta que la Dirección General Jurídica de la Contraloría del Estado entregó la información solicitada el 23 de octubre, pero Macías Sedano pidió que se comenzara el procedimiento de clasificación de la misma porque el proceso “no ha causado estado”. 

Según la resolución, en ese entonces también se expuso que los expedientes de la investigación ya habían sido clasificados como “información reservada” en una sesión que se llevó a cabo el 15 de julio del 2019 bajo el argumento de que “la difusión puede causar perjuicio grave a las estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos cuyas resoluciones no hayan causado estado”; sin embargo, en el documento no se precisa si ya hubo una resolución y los responsables aún pueden recurrirla o si el proceso aún está abierto. 

En lo resuelto por el comité también se hace referencia a que “la divulgación de dicha información” puede atentar contra “el interés público, representando un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad estatal”. 

El documento también agrega que “el daño o riesgo de perjuicio que se produciría con la revelación de la información supera el interés público general de conocer la información” porque se darían a conocer datos que “develan la estrategia u objetivo planteado en el procedimiento de responsabilidad administrativa”. 

La reserva de la información durará hasta que lo permita la ley. Según el artículo 19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el plazo es de cinco años. 

Basado en las anteriores disposiciones, el comité consideró que se cumple con lo previsto en la ley “toda vez que los procedimientos administrativos que se encuentran ventilados en la licitación número LPL 001/2019, actualmente no se encuentran concluidos” porque no se han dictado las sentencias definitivas por la autoridad competente. 

Además, refiere que la información no puede darse a conocer porque contiene datos como “instrumentos, archivos digitales, informes, documentos públicos y privados, descripciones de hechos, lugares y personas, datos personales de los servidores públicos presuntamente responsables”. 

En los argumentos también se señala que “de revelar o dar a conocer la información en el estado en que guardan los procedimientos, podría causar un grave daño a la imagen pública de la institución, provocando la falta de credibilidad de la sociedad en el cumplimiento de las tareas encomendadas a la Contraloría”. 

Esta investigación comenzó hace más de un año, después de que este diario dio a conocer las anomalías registradas en la licitación del arrendamiento de maquinaria pesada, por el cual el gobierno actual pagará 3 mil 634 millones de pesos. 

DATO: 

• “(La revelación de la información podría atentar contra) el interés público, representando un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad estatal” 
• Extracto de la respuesta a una solicitud de información enviada a NTR 

Los argumentos de la Contraloría 

• Según la dependencia estatal, la divulgación de datos sobre la investigación a ATM puede atentar contra “el interés público, representando un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad estatal” 
• También indicó que “el daño o riesgo de perjuicio que se produciría con la revelación de la información supera el interés público general de conocer la información” 
• La Contraloría también indica que “los procedimientos administrativos que se encuentran ventilados en la licitación número LPL 001/2019, actualmente no se encuentran concluidos” 
• Otra razón es que la investigación al programa tiene “instrumentos, archivos digitales, informes, documentos públicos y privados, descripciones de hechos, lugares y personas, datos personales de los servidores públicos presuntamente responsables” 

NÚMERO: 

• 3 mil 634 millones de pesos pagará el gobierno del estado por el arrendamiento de maquinaria pesada  

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