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Crucificándose
Empiezan las campañas
Después de que El Diario NTR Guadalajara diera a conocer en marzo del año pasado las irregularidades que se registraron en la licitación del programa A Toda Máquina, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez dio indicaciones a la Contraloría estatal para que abriera una investigación y aclarara que había sido una adjudicación limpia.
En ese momento no quedó claro si sus indicaciones para la Contraloría estatal fueron que debía abrir una investigación real, sin importar lo que encontrara, o si la orden era que se abriera la investigación con la indicación de limpiar lo que se hallara.
El tema fue tomado por la Contraloría estatal y cobijado por el Sistema Estatal Anticorrupción, aunque al final la mayor parte de los órganos que integran a este último se deslindaron de la responsabilidad que les corresponde y dejaron a la contralora Teresa Brito sola con la tarea.
La forma en que actuó el sistema no es un asunto menor, pues implicaba dejar en una sola persona la responsabilidad de enfrentar a su jefe, el gobernador, en caso de encontrar irregularidades, o con la carga de dar la cara a los ciudadanos en caso de que dicha investigación no caminara.
La Contraloría estatal comenzó la investigación al término de la cual resolvió que había fallas en la licitación y que por ello se debía empezar un proceso contra dos funcionarios del gobierno del Estado, uno de ellos el todavía responsable de las compras en el gobierno de Enrique Alfaro, Luis Arturo López Sahagún, así como el encargado de recibir los documentos de las empresas que participaron. También se incluyó en el proceso por anomalías a Avancap, una de las empresas que participó en la licitación.
Una vez que se encontraron estas irregularidades, correspondió al Tribunal de Justicia Administrativa determinar las sanciones, por lo que la Contraloría remitió el expediente para que comenzara el proceso. Ahí surgió una de las irregularidades más importantes en la investigación, pues el magistrado que lo recibió hizo señalamientos sobre la falta de información y lo devolvió a la Contraloría.
Una vez subsanadas esas omisiones, el expediente debía regresar al mismo magistrado; sin embargo, a petición del propio gobierno estatal la Unidad de Inteligencia Financiera había congelado las cuentas bancarias del magistrado que recibió ese expediente, Armando García Estrada. Además, violando el procedimiento administrativo, el turno fue modificado y el expediente quedó en una sala diferente.
A partir de ahí, se desconoce qué sucedió con esa investigación. El Diario NTR Guadalajara hizo una solicitud de información para conocer el resultado, pero la Contraloría estatal respondió reservando el expediente con el argumento de que no ha concluido. De esta forma se confirma que el gobernador Enrique Alfaro miente cuando asegura que la investigación concluyó y no se encontraron irregularidades.
Algunas versiones aseguran que el Tribunal de Justicia Administrativa dio carpetazo al asunto; sin embargo, si esto fuera cierto, el asunto ya estaría terminado y por lo tanto sería obligación de la Contraloría entregar una copia del expediente.
La total opacidad en la que se ha manejado la investigación sólo provoca más dudas en torno a las irregularidades y si las instancias que conforman el Sistema Estatal Anticorrupción actuarán para limpiar el caso o para entregar realmente resultados que permitan conocer si hubo o no fallas graves en el proceso de adjudicación del contrato más importante en lo que va de este gobierno, por 3 mil 634 millones de pesos. Ese contrato fue entregado al empresario al que se vio en las primeras filas de un partido de basquetbol de los Lakers de Los Ángeles acompañando al gobernador Enrique Alfaro y a la diputada Mirza Flores.
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