Juez ordena a El Salto clausurar El Mirador 

Tras casi un año de lucha legal de habitantes de El Salto contra el fraccionamiento El Mirador, de la inmobiliaria Casas Bali, hoy anunciaron que consiguieron que un juez ordenara al Municipio la clausura total de la obra, así como que garantice que la empresa no continuará acción alguna hasta que haya un veredicto en el juicio que se encuentra vigente. 

Fue en marzo de 2020 cuando los habitantes interpusieron tres amparos contra 11 autoridades de los tres niveles de gobierno por permitir la construcción de un fraccionamiento que ellos consideraron como irregular. 

El proyecto consiste en la construcción de un fraccionamiento de alta densidad (H4), con poco menos de 6 mil viviendas, en la cabecera municipal de El Salto, enfrente del fraccionamiento La Azucena.  

“Las principales afectaciones que tendremos por el avance que ya tiene son la profundización de la crisis de agua que padecemos históricamente, la saturación de los servicios de transporte, drenaje, seguridad y salud, así como la pérdida irreparable de las escasas zonas arbóreas y de recarga con que cuenta el municipio”, afirmaron los habitantes mediante un comunicado. 

En los amparos interpuestos se reclamó que el proyecto contaba con licencia municipal de construcción pese a no tener dictámenes de protección civil, ambientales, de agua potable, drenaje y saneamiento. Además, en los recursos se expuso que no tiene autorizaciones de remoción de suelo, derribo de arbolado ni concesión de extracción y aprovechamiento de agua subterránea.  

“A pesar de ser tan evidente la ilegalidad de la obra, la contingencia sanitaria retrasó el juicio y los alegatos para el reconocimiento de nuestro interés legítimo y así obtener una suspensión que garantizara el respeto a nuestros derechos, por lo que fue hasta el mes de agosto que esto se dio, pero de manera insuficiente”.  

Los habitantes detallaron que fueron tres las suspensiones que obtuvieron gracias a los amparos: dos de índole definitiva y una provisional. Tras las determinaciones se realizó una visita de verificación por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la que no se encontró ninguna irregularidad en el desarrollo, por lo que los afectados la consideraron defectuosa y exigieron una segunda vuelta para verificar la explotación del acuífero. De ésta aún no hay resultados.  

Por parte del Ayuntamiento de El Salto sólo se ha realizado una visita de verificación, a partir de la cual se reportaron al juez irregularidades señaladas por los habitantes desde un inicio; sin embargo, no se procedió con la clausura y únicamente se impuso una multa de 8 mil 215 pesos al desarrollo. 

Esto llevó a que el 14 de diciembre los quejosos presentaran un incidente por defecto en el cumplimiento de una suspensión otorgada. En respuesta, el 15 de enero se les notificó que se ordenó a la autoridad municipal la clausura de la obra y la vigilancia necesaria para evitar que continúe la construcción del fraccionamiento, dado que la obra pone “en peligro el derecho al medio ambiente”. 

De haber desacato en lo ordenado por el juez, las autoridades municipales podrían hacerse acreedoras a multas económicas y los servidores públicos involucrados podrían tener hasta 10 años de prisión por delitos cometidos contra la administración de justicia.  

EH/I