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Pandemia, opacidad y crisis forense

La pandemia de Covid-19 ha sido una tragedia para la mayor parte de la humanidad; sin embargo, para algunas instituciones ha representado una ventaja para no ser vigilados o para no cumplir con su trabajo. 

La semana pasada el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (Itei) resolvió un recurso en el que determina que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) debe entregar comunicación interna sobre la crisis por la acumulación de cuerpos que dio a conocer NTR Guadalajara. 

En una serie de entregas denominada Crisis Forense, este medio documentó que la situación por la que atraviesa esta institución es peor que la que prevalecía cuando el titular del IJCF era Luis Octavio Cotero Bernal. Sí, aquella época en la que se almacenaron cadáveres en dos tráileres, uno de ellos deambulando con cuerpos sin identificar por la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

Cuando el actual gobierno que encabeza Enrique Alfaro llegó, aquella crisis había sido medianamente resuelta tras largas e intensas jornadas de trabajo del personal forense, al grado de entregar la administración con alrededor de 100 cuerpos sin identificar. Según los documentos que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses negó y que el Itei afirma debe dar a conocer, nuevamente los cuerpos ya no caben en los espacios que hay disponibles. 

Uno de los documentos que el IJCF negó es el informe sobre el número de cuerpos y restos óseos que hay en cada espacio, en el cual se reportan un total de 2 mil 896. Cuando tuvieron que rentarse los dos tráileres para almacenar cuerpos había alrededor de 800. 

Como respuesta a la solicitud de información de este diario, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses la clasificó como “de acceso restringido, con el carácter de información reservada, de la cual queda prohibido temporalmente su acceso íntegro a la misma, publicación, difusión y/o reproducción a persona alguna, con excepción del personal que en el ejercicio de sus funciones y atribuciones deban o puedan tener acceso a la misma”. 

Su argumento fue que en esos documentos se detallan “estrategias implementadas por esta Dirección del Servicio Médico Forense que atañe únicamente al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y de hacer del dominio público la información pretendida por el peticionario, se estaría ministrando información vulnerable ya que se estaría sacando a la luz pública información sensible que está supeditada a estrategias de seguridad”. 

A pesar de lo argumentado por el IJCF, la información solicitada no tiene que ver con carpetas de investigación o averiguaciones previas de las que se derive la participación del instituto como perito, sino con la incapacidad para albergar la cantidad de cuerpos y restos óseos que ha recibido en los últimos años, consecuencia de la violencia en Jalisco y del primer lugar que ocupa el estado en el número de cuerpos rescatados de fosas clandestinas. 

La pandemia ha favorecido al IJCF porque los problemas provocados por el coronavirus han hecho que los jaliscienses dejemos de mirar lo que hacen o lo que no hacen. Lo que se conoce, sobre el caos que impera al interior de esta institución, es más producto del hartazgo de sus propios trabajadores, que no encuentran una salida y que además no han sido escuchados por las actuales autoridades. 

El IJCF deberá entregar los oficios que, como parte de comunicación interna, prueban que hay una crisis peor que aquella que derivó en un tráiler lleno de cuerpos de personas muertas sin identificar deambulando por la ciudad. Aquella crisis que obligó al ex gobernador Jorge Aristóteles Sandoval a despedir al titular forense Luis Octavio Cotero Bernal y a la actual administración estatal a abrir una investigación y presentar denuncias penales. 

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