Alta tensión o corto circuito

El pasado 3 de febrero, el presidente López Obrador envió a los legisladores una iniciativa preferente para modificar la Ley de la Industria Eléctrica que obliga al Estado a “suministrar energía eléctrica a todo el que lo solicite, salvo que exista impedimento técnico o razones económicas para hacerlo, sin establecer preferencia alguna dentro de cada clasificación tarifaria”. Dicha iniciativa contiene modificaciones a ocho artículos y cuatro transitorios de la Ley de la Industria Eléctrica, que entró en vigor en 2015. 

La justificación de la iniciativa alude a la necesidad de revisar la legalidad y rentabilidad para el gobierno de los contratos de compra-venta de energía eléctrica suscritos con los productores independientes de energía, que “han causado un gran daño al patrimonio de CFE”; eliminar la obligatoriedad de compra de energía mediante subastas, por parte de la CFE, y obligar a la Comisión Reguladora de Energía a revocar los permisos de autofinanciamiento, que desvirtuaron su objeto inicial. 

En lo sustantivo, las modificaciones pretenden establecer límites a la generación de electricidad y devolver el control de la generación, compra y distribución de la energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), en tanto gestor de la red de distribución, no daría prioridad al uso de energía más barata, sino a la energía que se produce en las hidroeléctricas de la CFE, después a la que producen otras plantas de la CFE, como la nuclear, geotérmicas, de ciclo combinado y termoeléctricas (La Jornada 03/02/2021). Luego, se compraría la energía eólica de privados en intercambio con la CFE, la energía de ciclos combinados de la propia comisión y al final las otras energías renovables de entidades privadas (El Economista 01/02/21). 

En cuanto al otorgamiento de permisos de generación, que hoy entrega la Comisión Reguladora de Energía (CRE) como una obligación, ahora se sujetarán a criterios de planeación de la red y podrán ser negados. Además, prohíbe el autoabasto de quienes generan energía para beneficio de sus propias empresas. Finalmente, los Certificados de Energía Limpia (CEL) ya no serán otorgados sólo a plantas nuevas –incentivo fundamental para propiciar la inversión privada y la construcción de infraestructura en el sector–, sino que cualquiera podrá obtenerlos y así podrán venderlas a quienes generan energía mediante fósiles, para que cumplan con sus obligaciones establecidas en la Ley de Transición Energética. 

Durante los dos últimos años no ha habido inversión para reforzar las líneas de trasmisión, urge a la CFE invertir en sus plantas de forma más eficiente y eso dependerá de recursos financieros a los que tenga acceso en el mercado y el presupuesto que la nación pueda otorgar; de otra manera, lo único viable sería el incremento de los precios de la energía. 

Si bien es cierto que no se puede despreciar el potencial energético y la infraestructura que ya se tiene en el país para aprovecharla, sí parece necesario el diseño de una estrategia, una política energética en la que se potencialice lo que ya tenemos, se den pasos serios para la transición energética que se impulsa en todo el mundo y no se desanime a los inversionistas que han apostado por la generación diversificada de energía en nuestro país. 

Cierto es que en su momento se firmaron contratos muy ventajosos para algunas empresas con anuencia de las autoridades; eso también debe cambiar, pero es seguro que en el actual contexto de globalización y para refrendar los compromisos del TMEC, con el nuevo gobierno de Estados Unidos, sería muy conveniente combinar los esquemas de inversión y la regulación que permita nuevas formas de generación y distribución de la energía en nuestro país. 

*Profesor investigador del ITESO [email protected]

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