El atole del gobernador

En materia de seguridad, el gobernador es especialista en simulación y manipulación. Un ejemplo de cómo llama la atención hacia temas intrascendentes para distraer de situaciones preocupantes y apremiantes es la publicación que hizo la semana pasada acerca de una búsqueda en Puerto Vallarta. 

En sus redes sociodigitales, Enrique Alfaro Ramírez reveló el caso de un niño de 13 años con problemas psiquiátricos que fue rastreado por personal de seguridad en la ciudad costera mediante el uso de las cámaras de videovigilancia. El gobernador lo magnificó como todo un logro atribuible a la gran labor de la Policía a través de los recursos del C5. 

Pero contrasta con ello la ineptitud –en el mejor de los casos, pues hay probabilidad de colusión– de los cuerpos policiales la madrugada de 18 de diciembre de 2020, cuando fue asesinado el ex gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz en un lugar concurrido de la zona turística. Los policías primeros respondientes no sólo no llegaron a atender la situación de un tiroteo, que las cámaras de videovigilancia no registraron, sino que su lentitud para acudir al lugar fue tal que los empleados del restaurante bar Distrito 5 alcanzaron a quitar la alfombra del pasillo donde Aristóteles Sandoval fue baleado por la espalda. 

Respecto a ese caso, no hay indicios de que haya existido una investigación a profundidad para desentrañar las irregularidades que permitieron tales omisiones. Lo más que pudo hacer el gobierno del estado fue aceptar que un mando de la Secretaría de Marina tomara las riendas de la Comisaría municipal, sin una intervención como las que se han tenido que realizar en otras corporaciones debido a severos problemas de infiltración del crimen organizado. Los elementos para sustentar una suposición de ese tipo parecen evidentes en el caso de Puerto Vallarta y, sin embargo, las modificaciones son mínimas. 

Respecto a las labores del C5, en el caso del Área Metropolitana de Guadalajara hay también evidentes deficiencias entre su operación y la coordinación con las corporaciones de emergencia. En menos de cuatro meses los ataques en contra de instalaciones de botones de pánico, que suelen tener cámaras de videovigilancia en su parte superior, sumaron 71 postes de la infraestructura de seguridad dañados y dos de esos ataques fueron orquestados de manera simultánea. En ningún caso hubo personas detenidas y hasta ahora las autoridades no han dado una explicación acerca de la autoría de esos ataques terroristas. No se les ha llamado oficialmente terrorismo, pero son ataques dirigidos en contra del Estado, planeados de una manera detallada, que hacen pensar en fines ulteriores que el mero acto vandálico. 

Y por el otro lado, situaciones apremiantes como las desapariciones de personas y las fosas clandestinas se mantienen lejos de la comunicación pública de las instituciones. Donde debería haber información clara, no hay sino dudas. 

El colectivo Somos 4, 5 y 6, conformado por víctimas de desaparición forzada de las manifestaciones del 4 al 6 de junio de 2020 motivadas por la muerte de Giovanni López, anunció hace un par de semanas su disolución, luego de actos deliberados del gobierno para sembrar la discordia con un trato preferente hacia algunos de sus miembros. 

En una carta dejaron claro que el gobierno del estado editó el video en que aparecían dando su testimonio para apropiarse de la tragedia, eliminando toda mención a la situación de desaparición forzada de personas a manos de funcionarios públicos, empleados del Estado, que sufrieron decenas de jóvenes en aquella ocasión. La especialidad de Alfaro es el atole con el dedo. 

@levario_j 

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