Crisis energética

A las dificultades económicas, sanitarias, educativas y de inseguridad pública de México habrá que agregar la crisis energética en la que ahora se ve envuelto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). El pasado fin de semana fue el acabose cuando en el norte de país hubo un apagón (“desbalance entre la carga y la generación” de energía, Cenace dixit) dejando a 4.8 millones de usuarios en Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León sin electricidad, incluyendo las industrias y los comercios con pérdidas incalculables. Como es tradicional, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha diluido la culpa: los gobiernos neoliberales del pasado régimen, el congelamiento del gas en los ductos, corte de suministro de gas de Texas, la tormenta invernal, etcétera. 

Entonces, sin considerar la conflagración climática en esa región, el problema se resume en la ausencia de gas para la generación de electricidad y, como consecuencia, los apagones. Esto, con independencia de lo expresado en múltiples ocasiones por el presidente López Obrador de que “se acabaron los apagones”. El 27 de agosto del año pasado declaró que “se garantiza el abasto de gas en la industria eléctrica” para evitarlos. Aunque también días antes había expresado los anteriores gobiernos (neoliberales) “compraron gas al por mayor… no se requiere o se va a necesitar dentro de 30 años, hay gas de sobra contratado y tenemos que buscar la forma de utilizarlo”. La solución: vender los excedentes a Japón o a Centroamérica. 

Por otro lado, el Clúster de Energía Coahuila afirma que en los gobiernos anteriores sí existía un plan para extracción de gas natural, pero el gobierno de la 4T ha suspendido las licitaciones y cancelado las asociaciones de Pemex con empresas privadas, con el argumento de que dichas empresas no habían dado resultados. 

Un documento publicado por Deloitte revela que, de seguir con la política energética actual, para 2022 se pasará a una producción de gas 26 por ciento menor que en 2012, mientras que la importación aumentará en 180 por ciento. A pesar de que México tiene reservas estimadas, de acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), de 9.3 billones de pies cúbicos, “la infraestructura necesaria para la extracción, transporte y almacenamiento es aún limitada y condiciona los niveles de producción”. México no es una potencia petrolera, pero de gas, sí. Ante este escenario, ¿no hubiera sido mejor invertir en producir gas natural que en una nueva refinería (o haber rehabilitado las ya existentes)? 

El pasado 3 de febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la llamada ley Nahle porque se apropia de las facultades de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), vulnera el derecho de libre competencia y dota de una “ventaja indebida” a la CFE. La votación fue casi unánime, de no haber sido por el voto en contra de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, propuesta por AMLO. 

Con el uso de la iniciativa preferente (que debe ser discutida y sometida a votación en un máximo de 31 días), el Ejecutivo federal ha turnado a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la Ley de la Industria Eléctrica dizque para fortalecer a la CFE. Establece que los permisos de autoabastecimiento otorgados o tramitados por los particulares “podrán ser revocados” por la Comisión Reguladora de Energía. Ante las controversias suscitadas, se organizó un parlamento abierto (inútil, en todo caso), aunque AMLO dijo que no se le debe “quitar una sola coma”. ¿Correrá la misma suerte que la ley Nahle? 

Si se sigue gobernando con ocurrencias ideológicas, ¿qué nueva crisis vendrá? 

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