Los enredos de la revisión del pacto fiscal

Los primeros pasos que dio la mesa especial que revisaría el pacto fiscal, del que forma parte Jalisco, fueron decepcionantes, pues el diagnóstico que ofrecieron sobre el origen y destino de los impuestos que pagan los ciudadanos finalmente no se hizo y más bien se ubicó como una de las tareas a realizar. 

Los cuatro puntos informados por la mesa especial que se integró, coordinada por Enrique Toussaint, muestran nuevamente intención de trabajar en el tema, pero no trabajo realizado. Da la impresión de que los convocados no se tomaron en serio la tarea o no tuvieron tiempo para hacerla. 

Además, el mensaje del gobernador sólo repitió lo que ha señalado en los últimos meses sobre el trato que recibe Jalisco del gobierno federal y plantea dos puntos: encontrar una figura de consulta ciudadana para que sean los habitantes de la entidad los que digan si quieren que se revisen los convenios con la Federación y prepararse para el cobro directo de impuestos. 

Según lo que había declarado el responsable de los trabajos, entre los anuncios que se harían como consecuencia de las reuniones de los integrantes de la mesa estaba precisamente el diagnóstico sobre los diferentes impuestos que pagan los ciudadanos, así como qué autoridad cobra cada uno y cómo se distribuyen posteriormente, especialmente quién y cómo los gasta. 

Por ello, sorprende que el tercer punto del comunicado que se envió sobre el trabajo de la mesa hable de un diagnóstico, pero apenas por realizar. El compromiso es que se “elaborará un mapa fiscal de Jalisco, donde los ciudadanos podrán saber ahí (sic) cuántos impuestos se pagan, si son locales o federales, cómo gastan el dinero los gobiernos y cuánto se regresa en servicios públicos, es decir: de las contribuciones de los ciudadanos cuánto se les regresa en educación, salud, obra pública y programas sociales”. 

En ese punto, cierran afirmando que “es el derecho a la información un cimiento fundamental de la democracia”. Nadie podría negar que esto es verdad, pero la opacidad y la falta de información cuando se trata de dinero es atribuible a los tres órdenes de gobierno. 

Hace unos días, por ejemplo, NTR Guadalajara dio a conocer que el gobierno de Enrique Alfaro redujo en 2020 las participaciones a los municipios por primera vez en una década, sin que a la fecha haya una explicación del Ejecutivo estatal, que por cierto recibió en ese ejercicio más ingresos propios, que es la bolsa de donde salen esos fondos, para distribuir entre los ayuntamientos. Esto, mientras el gobierno federal activó el fondo de compensación para no afectar a los municipios. 

Otro punto que llama la atención en los resultados del trabajo de esta mesa es el que se refiere a la participación ciudadana. El planteamiento es explorar, con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana una figura “para consultar a la ciudadanía (sic) sobre un tema que compete a su vida ciudadana”. Este es incluso uno de los puntos anunciados ayer por el gobernador Enrique Alfaro. 

El problema en este caso es que se involucre al IEPC en pleno proceso electoral y unos días después que el organismo pidió recursos adicionales para cubrir los gastos del año electoral. Esto, por ejemplo, pone sobre la mesa otra discusión necesaria: la división de poderes, el centralismo estatal y la simulación en la autonomía de algunos órganos que tendría que comenzar con la suficiencia presupuestal. 

Porque el pacto federal debe someterse a revisión, pero también la relación entre los ayuntamientos con el gobierno del estado. ¿O acaso el gobernador les preguntó si querían que se gastara en A Toda Máquina todo el dinero que les daría para infraestructura rural en el sexenio? 

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