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La historia de José y el agua

José existe, vive en Zapopan con su familia –su esposa Lupita y sus dos hijos–. Trabaja como empleado en una empresa de fabricación de moldes de plástico en Tesistán y hace unos días leyó en redes sociales que el agua era un derecho humano. Sin embargo, hoy, así como José y los suyos, cientos de miles de familias de la Zona Metropolitana de Guadalajara no tienen acceso a este recurso. 

José y sus vecinos –con los que se ha reunido para encontrar una solución– no conocen la literatura sobre los derechos humanos, pero saben que sin agua nadie la libra. Los decretos universales están ahí, pero la ausencia de una auténtica gestión de las cosas por parte de los gobiernos nos pone los pies en la tierra y nos ubica en nuestra triste realidad, aquella como la de José y sus vecinos, así de simple y catastrófica: no saben qué hacer ni a quién recurrir. 

El 28 de julio de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento. En un documento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de 2014, se afirma que “el derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. Es por eso que el agua debe tratarse fundamentalmente como un bien social y cultural, y no sólo como un bien económico”. 

Pese a esto, José se da cuenta que el agua se sigue moviendo como una mercancía y que sigue siendo un gran negocio. Hoy, muchas casas –en plena pandemia– no tienen agua. Su familia y miles más padecen la falta del líquido y la incertidumbre generada por un gobierno estatal que ha decidido hacer tandeos de agua y de información que debería ser pública y ampliamente difundida. 

José se comunicó el viernes pasado al Siapatel, el sistema telefónico que el gobierno del estado tiene a disposición de las y los usuarios para disipar dudas y generar información útil, y las respuestas y sugerencias que recibió lo aterrorizaron: “No sabemos cuándo se normalizará el servicio”, “las pipas tardarán entre cuatro y cinco días en llegar a su colonia”, “agarre agua de donde pueda porque esto se va a poner peor”. 

Después de escuchar a la operadora de Siapatel, José quedó perplejo. Ernesto, su vecino, le mando un mensaje de WhatsApp con las declaraciones del gobernador de Jalisco, quien aceptó que la ciudad tendrá tandeos de agua potable en 214 colonias, y que estos se extenderán por los próximos tres meses. El gobernador decía que la escasez de agua “es un simple rumor” y afirmaba, categórico, que ya se había fijado una estrategia para el abastecimiento de agua en la ciudad durante esos tres meses; sin embargo, no dio detalles de la misma. 

José se enteró de un sistema gratuito de entrega de agua a domicilio a través de pipas. Lo supo por un amigo de su colonia. Solicitó el servicio, pero cuando llegaron a su casa, el conductor les dijo a él y a sus vecinos que no utilizaran esa agua para bañarse, que no era para consumo humano. 

El miedo y la frustración se apoderaron de José. ¿Cómo le iban a hacer para vivir durante tres meses sin agua corriente? ¿Por qué las pipas repartían agua contaminada? ¿Por qué nadie les daba información oportuna sobre el tema? ¿Por qué el gobierno no se preparó para una emergencia como esta? ¿Por qué si el agua es un derecho humano, él y su familia no tenían acceso a ella? 

Otro mensaje de WhatsApp, ahora de su primo Sergio, le advertía a José que si no compraba pronto una pipa de agua a particulares cada vez sería más difícil y más caro: “Habla de una vez, antes de los tandeos las pipas de 10 mil litros costaban 800, ahorita ya andan en los 2 mil 500”. Así las cosas para José, que gana 12 mil pesos al mes. 

Twitter: @cronopio91

jl/I