Servicios públicos de salud mental, excluyentes

Hoy que en México aumentaron dramáticamente los niveles de infelicidad, que muchas familias han perdido a uno o varios miembros por la pandemia de Covid-19 y que se han estado incrementando los casos de depresión, de trastornos de ansiedad, del dormir, de violencia familiar y la angustia por la pérdida de ingresos económicos y de empleos tanto en el mercado formal como en el informal, es totalmente reprobable la raquítica infraestructura de servicios de salud mental del gobierno federal (IMSS, ISSSTE, Insabi y Secretaría de Salud), del gobierno estatal (Salme y Secretaría de Salud) y de los Servicios Municipales de Salud. 

Es igualmente reprobable que estos insuficientes servicios públicos de salud mental no estén planeados e implementados para garantizar el acceso y la calidad a todas las personas de sectores vulnerables: adultos mayores, personas con discapacidad (intelectual, visual, auditiva, motora y gente pequeña), personas de los pueblos originarios, personas en situación de calle (con una diversidad en edades, discapacidades y origen étnico), entre otras. 

Y afirmamos esto porque, además de que las administraciones federal, estatal y municipales en los más de dos años que llevan sus gestiones ya deberían haber ampliado la infraestructura de servicios de salud mental, adicionalmente deberían haber adaptado sus instalaciones con elevadores, rampas, guías dactilotáctiles y podotáctiles, mensajes parlantes, guías en braille, barras sujetadoras en los baños, mobiliario para personas de talla baja, colocación de letreros inclusivos, unidades automovilísticas para trabajar en los lugares donde normalmente se ubican las personas en situación de calle, etcétera. 

También ya deberían haber capacitado y actualizado a su personal profesional y técnico (psicólogos, psiquiatras, enfermeras, trabajadores sociales, etc.) en perspectiva de género, cultura de la diversidad sexual, cultura y lengua de los pueblos originarios en Jalisco, en sistema braille, en lengua de señas mexicana, en gerontogogía para las acciones de prevención y promoción de la salud mental orientadas a las y los adultos mayores, etcétera. 

Las autoridades no pueden argumentar que no sabían sobre esta realidad porque desde hace tiempo las y los psicólogos organizados les habían recomendado invertir más, fortalecer y reorientar los servicios públicos de salud mental, y capacitar y actualizar a su personal. 

[email protected]

jl/I