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Vuelos de cocaína y aviones texanos

Según el último informe de la agencia antidrogas (DEA) fechado en marzo pasado, ni la pandemia del Covid-19 ha podido frenar la distribución de cocaína, metanfetamina, fentanilo y otras drogas en el mercado estadounidense. 

¿Dónde está el trabajo binacional entre Estados Unidos y México en la estrategia antidrogas? 

Parece que no lo hay. 

Un claro ejemplo lo puedo ver en un caso que he estado siguiendo sobre avionetas que salen de Texas, van al sur y regresan al norte con cargamentos de drogas. 

Se trata del proceso abierto que está llevando una corte federal en Texas, el caso 4:20-cr-00212-ALM-KPJ. 

El 24 de febrero de 2021, la corte federal del Distrito Este de Texas acusó formalmente a Debra Lynn Mercer-Erwin y Kayleigh Moffett por cargos de conspiración para cometer violaciones de registro de aeronaves, lavado de dinero, fraude electrónico, violaciones de exportación, y conspiración para fabricar y distribuir cocaína. 

Junto con ellos son señalados de los mismos cargos Guillermo García Méndez, Federico Andrés Machado, Carlos Rocha Villarrutia, Albán Gerardo Azofeifa-Chachon, Aaron Bello-Millán y Michael Assad Marcos. 

Al menos dos son mexicanos. 

Todo este grupo es acusado de generar ganancias cercanas a los 350 millones de dólares desde 2016 por sus operaciones ilegales. 

El resumen del caso es el siguiente: los estadounidenses Mercer-Erwin y Moffett, propietarios de la empresa Aircraft Guarantee Corporation (AGC), registraron ante la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos miles de aviones en Onalaska, Texas, una ciudad que no tiene siquiera aeropuerto. 

Según la acusación, al menos 12 de las aeronaves registradas y exportadas ilegalmente fueron utilizadas por “organizaciones criminales transnacionales” en Colombia, Venezuela, Ecuador, Belice, Honduras, Guatemala y México para contrabandear grandes cantidades de cocaína con destino a Estados Unidos. 

Las aeronaves no tenían permisos de exportación, no podían ser usadas en vuelos fuera de Estados Unidos. 

Algunas de estas aparecieron en Honduras, México, Venezuela o Guatemala, estrelladas o incautadas y con miles de kilos de cocaína. En un caso se detuvo al piloto mexicano Guillermo García, quien tenía registrada una empresa mexicana como fachada. 

En la acusación hay casos que conectan con Guadalajara, como el de la aeronave N884AB, y es una muestra de la trasnacionalidad del narcotráfico. 

Alrededor del 10 de agosto de 2020, la empresa Horizons Ahead vendió la aeronave N384AB a Projets, Inc. Cuatro días más tarde, Projets, Inc. presentó una declaración de operación internacional para un vuelo a Monterrey. Luego, el 17 de agosto, el número de registro N384AB se cambió a N884AB. El 25 de agosto, Michael Assad Marcos (uno de los ocho acusados) presentó una declaración para un vuelo desde Houston, Texas, a Monterrey. El 26 de agosto, Marcos canceló el registro de N884AB y lo vendió a Vander Servicios y Comercial, SA de CV, una empresa mexicana. Se realizó una lista de presentación de exportación de Vander Servicios para esta aeronave. Después del 26 de agosto era ilegal mostrar el número de cola N884AB en cualquier avión porque era un número dado de baja. Pero el 29 de agosto, México confiscó N884AB como un avión apátrida. Según sus pilotos, el verdadero dueño de la aeronave es Héctor Sánchez García en Guadalajara. 

Qué es de Héctor Sánchez García y otros nombres mexicanos que aparecen en la acusación y no están entre los detenidos. No se sabe. 

Uno de los fiscales que lleva la causa me dijo que durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no han podido hacer trabajo de investigación en México ni han podido hacer entrevistas a testigos. 

wendys.perez@gmail.com

jl/I