Petersen incurrió en conflicto de interés

El titular de la Secretaría de Administración del gobierno del estado, Esteban Petersen Cortés, incurrió en conflicto de interés al no informar que un familiar, Juan Jaime Petersen Farah, formaba parte de la Asamblea General de la empresa Operadora de Servicios Mega, la cual fue beneficiada con un contrato de 3 mil 634 millones de pesos por el arrendamiento de maquinaria pesada para el programa A Toda Máquina (ATM). 

Así lo resolvió la Contraloría del Estado al revisar el proceso de licitación de ATM. La dependencia estatal aclaró que no se trata de una falta grave, pero sí un quebranto a la ley “al no haber notificado a su superior jerárquico el posible conflicto de interés una vez que se dio cuenta de éste”.

El secretario no aparece en las actas relacionadas con la presentación de propuestas y en la designación del contrato, pero sí participó en la sesión del 24 de enero de 2019 en la que se aprobaron las bases de la convocatoria para la licitación.

La revisión de la actuación del secretario de Administración forma parte de la investigación que realizó la Contraloría del Estado, cuyos resultados fueron entregados a El Diario NTR Guadalajara por orden del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco (Itei) al resolver una queja presentada contra la reserva de la información.

La Contraloría confirmó que Juan Jaime Petersen formaba parte de Operadora de Servicios Mega tras verificar un acta inscrita ante el Registro Público de la Propiedad el 15 de diciembre de 2017. Dicho documento, del cual este diario tiene una copia, fue inscrito ante la corredora pública Edna Lizet Velázquez Mercado a solicitud de Mariel Rodríguez Printzen, abogada que trabajó en las notarías del papá y del hermano del gobernador Enrique Alfaro Ramírez.

En el documento se da cuenta de la revocación de ocho apoderados legales, entre los que aparece Emilio Lozoya Thalmann, padre de Emilio Lozoya Austin, uno de los ex funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto señalado por casos de corrupción, entre ellos la entrega de sobornos por parte de la empresa Odebrecht.

En el acta también se informa del nombramiento de Juan Jaime Petersen Farah como miembro independiente del Consejo de Administración, a quien se le concedieron poderes para pleitos y cobranzas, actos de administración y llevar a cabo cualquier tipo de negociación, entre otros.

En la revisión de este caso se recuerda que el artículo 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenación y Contratación de Servicios del Estado se establece que no pueden participar con propuestas o cotizaciones, ni celebrar contratos o pedido alguno, las personas que tengan parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado con funcionarios que participan en los procesos de contratación.

A través del oficio SECADMON/DS/0292/2019, Esteban Petersen confirmó que Juan Jaime Petersen “es su pariente por consanguinidad en quinto grado, al ser primo hermano de su señor padre, es decir, su tío segundo”, por lo que no se encontraba impedido para participar “en el proceso de licitación 01/2019 para el servicio de arrendamiento puro de maquinaria pesada”.

A pesar de lo anterior, la Contraloría recordó que la Ley General de Responsabilidades Administrativas califica como conflicto de interés “la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios” y obliga a los funcionarios a incluir en su declaración de intereses cuando este conflicto puede existir.

Al participar Esteban Petersen en la sesión del 24 de enero de 2019, la Contraloría señaló que “con su conducta omisa” el secretario “quebrantó la hipótesis normativa, al no haber notificado a su superior jerárquico el posible conflicto de interés”.

TJA absolvió a funcionarios por la licitación de ATM

En comunicados enviados a la misma hora de ayer, a las 20:45, la Contraloría del Estado y el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) informaron que en esta última instancia se determinó exonerar a los funcionarios señalados por las irregularidades detectadas en el proceso de licitación del programa A Toda Máquina (ATM).

En el comunicado de la Contraloría se confirmaron los datos publicados ayer por El Diario NTR Guadalajara relacionados con “el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa” tras denuncias recibidas.

A la par se agregó que el informe de la investigación entregado vía transparencia a este diario se envió el 2 de abril de 2019 al TJA “por la determinación de conductas establecidas por esta Contraloría como faltas graves”.

La Contraloría abundó en que después el TJA le notificó que dictó sentencia con el “resultado de no responsabilidad”.

Por su parte, el TJA confirmó que hay dos sentencias de la Sala Superior por ATM: una relacionada con la conducta de los directores de Abastecimientos y del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la Secretaría de Administración, y otra sobre la empresa Avancap. En ambos se dictó sentencia absolutoria.

En las dos resoluciones la Sala Superior ratificó las sentencias que dictó la Tercera Sala Unitaria del TJA el 15 de diciembre de 2020, 12 días después de la entrevista que ofreció el gobernador Enrique Alfaro Ramírez al periodista Carlos Loret de Mola, en la cual aseguró que no había irregularidades en la licitación de ATM.

Contrato debe rescindirse por anomalías: Bayardo 

Por la simulación, información falseada y más irregularidades que la Contraloría del Estado encontró en la licitación del arrendamiento de A Toda Máquina, el contrato debería rescindirse, pues no se realizó apegado a derecho, consideró Alberto Bayardo Pérez-Arce, investigador del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

En entrevista, afirmó que en este caso se requiere una investigación más a profundidad y que se involucre más la Contraloría, así como la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).

“Me parece que es una situación que amerita una investigación más a fondo. Entiendo que por ley toca que se vaya a juicio, pasar por la fiscalía anticorrupción. La Contraloría los debe derivar a la sala superior anticorrupción. Es algo que hay que revisar, qué más hay ahí; lo otro, ese contrato, se tendría que rescindir”, señaló.

El académico puntualizó que la FECC “debe investigar lo que técnicamente se conoce como una ‘trama de corrupción’, es decir, la red de complicidades que permitió se dieran las irregularidades”.

NTR cuestionó al gobierno del estado tras la publicación de las irregularidades encontradas por la Contraloría. En respuesta, se informó que la oficina del gobernador Enrique Alfaro Ramírez designó a la Coordinación de Desarrollo y Crecimiento Económico como vocera del tema, pero al cierre de edición no se tuvo información alguna. Lauro Rodríguez

JB