Riesgoso, el padrón de telefonía móvil

El agente jaló una silla, subió a la mesa una mochila y sacó un voluminoso archivo. Era parte del padrón electoral de la entidad. Lo hojeó buscando datos de personas que anotaba en una pequeña libreta. Estamos a finales de los años 90. La escena es en una oficina de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, en la calzada Independencia. Lo miro de reojo. Ignoro si es un policía o un militar, que en esos años infundían terror en la procuraduría.

El padrón electoral siempre lo han tenido integrantes de las fuerzas de seguridad del país. Lo usan para obtener información de las personas que investigan: domicilios, fotografías, edades, etcétera. Es falso que ese valioso documento se encuentre perfectamente resguardado, como aseguran autoridades electorales. Si lo tienen policías y militares, también lo poseen grupos delictivos. Unos se pasan a las filas de los otros, con todo lo que utilizan, incluidos los listados y archivos con información confidencial. Es el mundo subterráneo, oscuro, que se salta cualquier tranca.

Los ciudadanos estamos desprotegidos. Nuestros datos están dispersos en multitud de empresas privadas y dependencias públicas de los tres niveles de gobierno, sin que nadie conozca la suerte de esa delicada información. Los datos los tiene el Sistema de Administración Tributaria (SAT), el IMSS, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría del Transporte, las direcciones de Inspección y Vigilancia municipales, etcétera. Los poseen los bancos con cuentas personales, los negocios con los que se tenga algún crédito, las compañías aseguradoras, etcétera. También los guardan y usan las poderosas empresas de las redes sociales, que orientan su publicidad y contenidos en función del perfil del usuario, por mencionar sólo dos ejemplos de uso.

Han sido noticias cómo se filtran datos personales, por supuestos errores o con intencionalidad, a empresas, instituciones, grupos y personajes, con fines desde mercadológicos hasta delictivos. Recientemente se difundió que un empleado usó datos del SAT a su cargo para acosar mujeres. Es una hipocresía, ingenuidad o malévola aseveración decir que nuestros datos se hallan debidamente resguardados.

El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil es otra medida en marcha que vulnerará, aún más, derechos humanos de los ciudadanos. Las aprobadas reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión son un riesgo a la protección de datos. El gobierno federal asegura que la medida permitirá combatir a los delincuentes que usan los teléfonos móviles, aunque también sucederá que la información de millones de mexicanos pondrá en riesgo su vida íntima, laboral, económica, psicológica y política.

Los datos biométricos que pretenden exigir ponen en riesgo a los mexicanos. R3D, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, envió al Senado una ficha técnica alertando de los riesgos del padrón, entre los cuales está que a la delincuencia le será fácil evadirlo o que atenta contra la presunción de inocencia. No obstante, los legisladores aprobaron la reforma.

El mercado ilegal ofrece datos al mejor postor para utilizarlos sin la autorización explícita de quienes los proporcionaron de buena fe o de manera obligada. Desconfiemos de las versiones oficiales que dicen tener buenas intenciones y aseguran que a la información se le dará uso legal. La corrupción horada cualquier dispositivo que encripte datos.

Uno de los pilares del poder político-delictivo es el control de la información de los ciudadanos e instituciones. En nuestro país, el aparato gubernamental acapara y filtra datos que supuestamente están bajo su protección. La información sí es poder. Somos rehenes, sin saberlo, de toda la información que circula de cada uno de nosotros.

@SergioRenedDios 

JB