Memoria y justicia

Se cumplieron 50 años de la represión contra estudiantes conocida como el halconazo –Ciudad de México, 1971–. Una marcha de jóvenes fue cercada, se agredió con golpes directos y disparos por grupos de choque de corte paramilitar. López Obrador recordó a las víctimas y pidió perdón a nombre del Estado mexicano. También señaló que era necesario otorgar garantías de no repetición para que esos lamentables hechos no sucedieran más. Por parte de la Secretaría de Gobernación el mensaje de Alejandro Encinas fue en el sentido de ratificar el compromiso del gobierno de México con la verdad y justicia.  

En su intervención, Encinas señaló que desde ese lugar (Secretaría de Gobernación) en donde se crearon instituciones como la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, en las que se diseñó una política para reprimir cualquier disidencia o inconformidad, se buscaba hoy reivindicar la memoria del movimiento estudiantil reprimido, la dignidad de los 37 estudiantes asesinados, también ratificar el compromiso con la verdad, la justicia y que esos hechos ominosos en la vida del país no quedaran en el silencio y menos en el olvido. 

Es importante que se reconozca al más alto nivel la responsabilidad del Estado mexicano por la represión de los jóvenes, pero sería necesario implementar un proceso integral de justicia transicional no solo con acciones para mantener viva la memoria, sino con procedimientos que permitan llegar a la verdad, señalar responsables, medidas de reparación del daño y garantías de no repetición. 

Existe una serie de principios de Naciones Unidas que se han señalado como necesarios para la lucha contra la impunidad: el derecho inalienable a la verdad; deber de recordar, derecho de las víctimas y sus familiares de conocer las circunstancias en que se cometieron las violaciones y saber qué fue lo que le sucedió a la víctima, funcionamiento independiente y eficaz del poder judicial para hacer efectivo el derecho saber, creación de una comisión de la verdad consultando la opinión de las víctimas y los supervivientes, juzgar a los violadores de derechos humanos, garantizar a las víctimas la reparación del daño y tomar todas las medidas necesarias para evitar que vuelva suceder. 

Hasta hoy no se ha establecido una Comisión de Verdad que realmente investigue los crímenes del periodo conocido como guerra sucia. Durante el gobierno de Fox se creó una fiscalía (FEMOSPP) que se extinguió prácticamente sin presentar resultados, en ese contexto se encargó un informe que no llegó a hacerse oficial, aunque su texto (borrador) puede ser consultado virtualmente con el nombre “Informe Documenta sobre 18 años de Guerra Sucia en México”. 

La memoria es un derecho no solo de las personas afectadas, es un derecho de los pueblos y existe un deber de recordar para que aquellos hechos considerados como crímenes de lesa humanidad; establecer una comisión de verdad es necesario, que investigue la represión, la desaparición forzada y la persecución a estudiantes y activistas en el marco de 1968 y de 1971, que se realice en acuerdo y con la escucha a sobrevivientes y familiares de víctimas, que investigue lo sucedido en los estados del país en donde también hubo persecución contra jóvenes.  

Reivindicar la memoria de las violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado nos permite exigir que esos hechos no se repitan en el presente. Jalisco vivió hace un año agresiones a jóvenes que protestaban por el asesinato de Giovanni López; fueron perseguidos, golpeados y víctimas de desaparición forzada con un patrón de represión semejante al conocido halconazo de la Ciudad de México. Tampoco hay una investigación a fondo del operativo ni sanciones a los responsables de la represión. 

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