INICIO > OPINION
A-  | A  | A+

Ambientalistas selectivos

La aparición de seis terrenos pertenecientes al bosque La Primavera en una de las subastas del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) provocó un airado reclamo del gobernador Enrique Alfaro Ramírez exigiendo al gobierno federal que no se pusiera en venta y advirtiendo que no se permitiría la urbanización de esos terrenos, ubicados en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. 

La defensa del gobernador es muy importante. Sin embargo, requiere matices sobre el origen de los predios y la selectiva actuación de las autoridades estatales en este caso, siendo omisos o incluso actores en otras acciones que también representan una amenaza al bosque o a otras áreas naturales. 

Los predios llegaron al Indep, según la información que dio a conocer el gobierno federal, como parte de un aseguramiento del Sistema de Administración Tributaria. Es decir, se confirmó que eran particulares. Por ello, más que un nuevo pleito entre los gobiernos estatal y federal, lo que se requiere son las gestiones adecuadas de las autoridades de Jalisco para que el inmueble sea incorporado al patrimonio público, aprovechando que actualmente se tiene la posesión. 

La presión que el desarrollo inmobiliario ejerce sobre el bosque La Primavera en la zona de Tlajomulco de Zúñiga y el sur de Zapopan ha llevado a denuncias ciudadanas contra autorizaciones por parte del ayuntamiento. Silenciosamente, las viviendas han ido comiendo los espacios del bosque. Tan sólo hay que recordar los casos de los fraccionamientos El Cielo y Santa Anita Hills, donde los gobiernos municipales de Movimiento Ciudadano han jugado un papel importante para que avancen, ya sea con algunas acciones u omisiones. 

La intensidad en la defensa del bosque tampoco ha sido la misma ante otros casos como el de la Villa Panamericana. Especialistas en diferentes temas relacionados con el medio ambiente han precisado el impacto que el uso para vivienda de este desarrollo tendría, no sólo por su ubicación en las inmediaciones del bosque, sino por el papel que la zona de El Bajío juega en la recarga de agua para la cuenca de Atemajac. 

En el caso de la Villa Panamericana, el argumento del gobierno de Jalisco para defender que se destine para vivienda es la recuperación de los recursos que invirtió en el proyecto el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. En ningún momento se refieren al daño ambiental. 

Algo similar sucede con la permisividad que ha habido del Ayuntamiento de Zapopan para que el desarrollo urbano estrangule al bosque El Nixticuil. 

A eso podemos sumar el caso del predio ubicado en el cruce de la calzada Independencia y el Periférico, donde se construye el desarrollo inmobiliario Iconia. El terreno de 13 hectáreas fue adquirido por gobiernos municipales desde hace varias décadas, pensando en un parque público. 

El panista Alfonso Petersen lo entregó a una empresa para destinarlo a un desarrollo de vivienda, un hotel y centro comercial. La empresa Mecano incumplió con las obligaciones pactadas, pero los gobiernos que encabezaron los priistas Jorge Aristóteles Sandoval y Ramiro Hernández fueron omisos en reclamar la rescisión del contrato y la devolución del predio. 

Luego vino la administración municipal del ahora gobernador Enrique Alfaro, que no sólo fue omiso en velar por los intereses del municipio y del medio ambiente, tomando en cuenta que el parque formaba parte de un plan de amortiguamiento de la barranca de Huentitán, sino que validó que el predio se le entregara a la empresa Salamanca, que ya lo vendió, sin que todavía el municipio reciba las obras públicas que se pactaron como contraprestación.  

soniassi@gmail.com

jl/I