La brecha de necesidades sin atender 

A pasos muy pequeños se va modificando el aparato de seguridad a nivel local, mientras que en lo nacional se perpetúa la militarización. 

La asimilación de la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional tendría que contar con un contrapeso estatal porque, contrario al famoso “abrazos, no balazos” de la campaña electoral de 2018 el gobierno federal ha optado por robustecer a las Fuerzas Armadas en una espiral de violencia. 

Es en las estrategias de seguridad municipales y estatales donde esa política que se prevé de largo plazo tendría que equilibrarse con un complemento de verdadera cercanía con las comunidades para la construcción de la paz. 

La pretendida coordinación en materia de seguridad entre las instancias de los tres órdenes de gobierno queda muy lejos de serlo en verdad. El gobernador Enrique Alfaro en distintas ocasiones reclamó que el combate a la delincuencia organizada era un asunto de la Federación para que los policías locales se centraran en delitos del fuero común y eso habla de una visión divergente para atender ese tema. Todavía no sabemos exactamente qué se habló en las reuniones del gobernador con el presidente López Obrador, salvo el patrullaje “reforzado” en los límites de Zacatecas y Jalisco, pero eso no resuelve ni remotamente el fondo del problema que ha originado en esa región una escalada en el salvajismo de la disputa por el control del territorio entre grupos criminales. 

El mero despliegue de las fuerzas de seguridad pública y seguridad nacional solamente incrementa la presencia de armas de fuego en uno de los bandos y la posibilidad de enfrentamientos entre las partes en conflicto. Es una apuesta por la violencia y el conflicto antes que por soluciones. 

En una región distinta, la guerra civil michoacana que parecía bajo control se reactiva, ahora con el CJNG tratando de ocupar posiciones que quedaron debilitadas con el desgaste del conflicto armado que se inició no ocho años atrás, sino que se venía gestando todavía desde antes. La guerra continúa porque no se solucionaron los problemas de injusticia, impunidad, falta de igualdad y de desarrollo comunitario. La única manera en que las autoridades constitucionales han sabido responder es también con el despliegue de efectivos para tratar de, nuevamente, apaciguar la zona, mas no alcanzar la paz duradera y sana. 

La presencia de las instituciones del Estado mexicano debería intensificarse en esas regiones no solamente con tropas, vehículos preparados para la guerra y armamento, sino con una estructura de soluciones a los problemas sociales y económicos a través de programas, inversión y trabajo comunitario. Un acompañamiento entre el gobierno, la sociedad civil, la academia y la iniciativa privada con respecto a las personas y sus necesidades. 

El enfoque tendría que ser la persona, no el conflicto. Los derechos humanos antes que la militarización. La inteligencia policial para atender específicamente los problemas delincuenciales donde se necesita y el resto de las fuerzas del orden usarlo para construir ese orden y no solamente golpear a tientas. 

Y a nivel local Jalisco tiene la oportunidad de dirigir sus políticas de reactivación económica en la nueva normalidad para llevar justicia y economía solidaria a las comunidades que han visto cómo todas las políticas de desarrollo económico se centran en fortalecer industrias con sede en las grandes zonas urbanas con un esquema de producción y explotación de las personas y de la naturaleza, lo que acrecienta todavía más la brecha de necesidades sin atender y desigualdad de las regiones más apartadas del estado. 

Twitter: @levario_j

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