1 de agosto, viene una consulta

El domingo 1 de agosto, el Instituto Nacional Electoral (INE) llevará a cabo un trabajo especial que ha tenido un largo proceso de establecimiento, porque se ha tratado de una noción abstracta que en la época de la candidatura de 2017-2018 se manejó a través del candidato de Morena, que progresivamente fue incrementando el interés ciudadano por sus propuestas, entre las cuales se establecía un juicio a los ex presidentes de la República. 

Durante el periodo de la candidatura, ese enunciado tenía un sentido poderoso relacionado con las consignas y los planteamientos de las candidaturas. Sin embargo, habiendo ganado las elecciones y, una vez instalados en el Poder Ejecutivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 89 de la Constitución, el Ejecutivo debe: (…) ejecutar las leyes (…), proveyendo en la esfera administrativa su exacta observancia. Bajo esta perspectiva, el objeto de la consulta no tiene un fundamento claro, es decir, como tema propagandístico electoral forma parte de una narrativa de un partido que puja por obtener el poder, pero una vez obtenido, entonces la dimensión cambia, toda vez que no se trata más de un partido en etapa de proselitismo, sino de un poder establecido y con un ordenamiento constitucional perfectamente delimitado. 

El planteamiento de campaña, es decir, sin ser constitucionalmente establecido iba dirigido a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, y no a Enrique Peña Nieto, porque en ese momento era presidente y no ex presidente. En ese planteamiento se señalaba que el “pueblo” debería tener la oportunidad de pronunciarse para desarrollar un seguimiento de los actos delictuosos que pudieran encontrarse las administraciones señaladas. Insistiendo en lo relacionado con la campaña, el tema tenía un sentido propagandístico. El cambio sustancial se genera cuando una vez que se ganan las elecciones y se toma protesta como presidente, entonces, ahora se trata de una estructura diferente porque, al tener el mandato de ejecutar las leyes, ya no se ve con un sentido lógico someter a consulta lo que está determinado por la ley. 

La consulta costará, aproximadamente, 528 millones de pesos, de acuerdo con información del INE. Para tales efectos, se instalarán entre 50 mil y 59 mil casillas para recibir las votaciones relacionadas con la pregunta objeto de la consulta. Y la pregunta es: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”. 

Respecto de una lista nominal de electores de alrededor de 94 millones, se requiere una participación de unos 37.5 millones de votos afirmativos (40 por ciento) para tener efectos vinculantes. No se tiene claro qué será lo vinculante con el tipo de pregunta. La actual propaganda del partido hegemónico señaló algo que no está determinado en la pregunta y se insistía en que la consulta remite al juicio de los ex presidentes. 

El ejercicio demandará una movilización nacional de alto espectro, justo en el momento de un crecimiento sostenido de una tercera ola de contaminación por Covid-19 en el que, en algunos estados ya se ha cambiado el color del semáforo epidemiológico. ¿Será, pues, necesaria una consulta para enfatizar el interés de la ciudadanía para que señale que las instituciones hagan su trabajo? 

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