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Por fin, último cartón
Otra vez a esperar
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, afirmó ayer que el recorte de 140 millones de pesos (mdp) al Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario (CCU) ya es un tema pasado para él, pues la decisión está tomada.
“No es un asunto que se esté valorando ni discutiendo. Yo voy a ser cuidadoso de cualquier declaración, lo que hay con la Universidad de Guadalajara es solamente respeto”, afirmó.
Reafirmó su postura de que él ve intereses personales detrás de la decisión de la casa de estudios de pelear por los 140 mdp para el museo, monto que se pretende reasignar al Hospital Civil de Tonalá.
“Yo confío en que la Universidad no se vaya a prestar a ser rehén de ningún interés personal porque la Universidad es más que cualquier persona”, añadió.
Incluso reclamó que la UdeG no difunda que el gobierno del estado es el que va a financiar las pruebas que se procesarán en los laboratorios universitarios para detectar Covid-19, aunque no supo decir cuánto dinero dispuso la Secretaría de la Hacienda Pública (SHP) para esto.
A través de un comunicado, la UdeG reviró al gobernador y reafirmó su postura de que en el recorte hay una ilegalidad, pues al ya estar asignados los recursos para el museo, sólo el Consejo General Universitario (CGU) es el facultado para regresar el dinero a las arcas estatales.
“Es importante destacar que los 140 millones de pesos en cuestión ya son parte del presupuesto universitario. Es el Consejo General Universitario y no el gobierno de Jalisco, quien tiene la potestad legal para ejercerlos o, si así lo considerara el CGU, reasignarlos”.
Además, exigió que se utilice dinero del crédito de 6 mil 200 mdp contratado en 2020 por el gobierno estatal para terminar el Hospital Civil de Tonalá. Precisó que 321 mdp de la deuda apenas están en proceso de licitación, por lo que podrían redirigirse al nosocomio.
“La Universidad de Guadalajara exige congruencia de criterios al gobierno de Jalisco. Esta casa de estudios ya ha adquirido compromisos legales, a través de licitaciones, con empresas privadas para el ejercicio de los 140 millones de pesos. ¿Por qué el gobierno de Jalisco considera que no es posible redireccionar recursos que están ‘en proceso administrativo de contratación’, pero sí le exige a la UdeG cancelar proyectos ya licitados?”, cuestionó.
Los tres diputados locales afines a la Universidad de Guadalajara (UdeG), Enrique Velázquez González, Mara Robles Villaseñor y Ana Silvia Gutiérrez Martínez, insistieron ayer en que el gobierno estatal no puede reasignar 140 millones de pesos (mdp) del Centro Cultural Universitario (CCU) al Hospital Civil de Tonalá, pues ya están comprometidos.
Enrique Velázquez afirmó que los recursos ya no están libres, por lo que si el recorte avanza se violará la autonomía universitaria.
Afirmó además que no se tomaron decisiones correctas en torno al hospital, pues primero se propuso destinarle 200 mdp en el Presupuesto 2021, pero al final sólo le etiquetaron 60 mdp.
“No se tomaron buenas decisiones y ahora quieren que la Universidad pague por eso. Que asuma la responsabilidad el gobernador y que agarre dinero de la deuda que se aprobó”, comentó.
Por su parte, Mara Robles mencionó que el recorte se puede pelear legalmente.
Por otro lado, adelantó que en la sesión de pleno de hoy –será virtual– buscará que se tome en cuenta su propuesta de crear una comisión revisora del manejo de la deuda de 6 mil 200 mdp. Jessica Pilar Pérez
jl/I