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Un parque, mentiras y contradicción

¿Cuál parque?, preguntó el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, con ese tono de ironía y enojo que le caracteriza, cuando le preguntaron del violento uso de la fuerza pública para desalojar a los manifestantes del Parque Resistencia Huentitán. El cuestionamiento del mandatario tiene razón parcial, pues ese predio dejó de ser un parque porque él y otros presidentes municipales de Guadalajara decidieron convertir el proyecto de un espacio público en un negocio privado. 

Para justificar el gran despliegue de policías de la Fiscalía del Estado, tanto para el desalojo como para la vigilancia del terreno, las autoridades estatales y municipales han acudido incluso a versiones contradictorias y falsas, que siguen sin responder por qué no se ha recuperado el predio. 

Si algo ha quedado claro desde que vecinos de Huentitán y estudiantes tomaron el inmueble, hace más de 150 días, es que las empresas que han estado involucradas en el negocio no han cumplido con las obligaciones que asumieron. El negocio era simple, se les entregaba el predio y ellos pagaban en especie, con obras. Los plazos vencieron y eso no sucedió. Aun así, se quedaron ya con el terreno, lo cual fue confirmado por el gobernador, quien aseguró que se trata de “propiedad privada”. 

Lo que el gobernador no dijo es que antes de la decisión que él y otros alcaldes tomaron, en particular el panista Alfonso Petersen Farah, ese predio estaba destinado a un parque. Para eso fue adquirido por los presidentes municipales que los precedieron, un parque que sirviera de amortiguamiento entre el crecimiento de la ciudad y la barranca de Huentitán. 

Sí, es cierto, el predio dejó de ser un parque. Pero esto sucedió porque Alfonso Petersen decidió entregarlo a la empresa española Mecano, para que ahí construyera un desarrollo inmobiliario, donde habría vivienda, un centro comercial y un hotel. Para quedarse con el terreno, la empresa debía pagar con una serie de obras, cuyo monto se definió en dólares que, al tipo de cambio, equivalían a 688 millones de pesos. 

Después de Petersen Farah llegaron los gobiernos de los priistas Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y Ramiro Hernández, en los que el proyecto simplemente se dejó en el abandono, sin revisar el incumplimiento de Mecano. 

El predio podía ser reclamado para que regresara al municipio, pues el proyecto estaba condicionado, según lo establecido en el convenio, “al cumplimiento de la entrega al Ayuntamiento de Guadalajara de las obras”, determinadas en un “valor presente” de 65 mil 634 dólares. 

El actual gobernador conocía esa cláusula y el incumplimiento de la empresa. La prueba es que durante su gestión como presidente municipal se emprendieron las acciones legales para recuperar el terreno. Pero fue él mismo quien dio marcha atrás y validó que Mecano vendiera sus derechos a una nueva empresa, Operadora Salamanca. 

Al quedarse con los derechos del predio, Salamanca asumió el compromiso de realizar las obras, pero tampoco cumplió. En cambio, vendió el predio a la empresa Hoteles Riviera en 500 millones de pesos. 

En su breve paso por la alcaldía de Guadalajara, Bárbara Trigueros aseguró que la empresa había cumplido con las obras y hasta abrió un micrositio en el que se podía confirmar lo contrario. El gobernador dijo que él construyó un parque, pero se supone que esa era una de las obligaciones de Salamanca. Por su parte, el actual alcalde interino Eduardo Martínez afirmó que recibieron un predio en Baja California en garantía, lo cual solo sería posible si la empresa incumplió. Es decir, las versiones de los tres funcionarios de Movimiento Ciudadano sobre el mismo tema son diferentes. 

soniassi@gmail.com

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