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Corrupción pública y empresas privadas

Para Nancy García Vázquez, por sus esfuerzos para que tengamos un mejor Jalisco 

 

Recientemente, el Inegi publicó la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) 2020. Esta encuesta, entre otros indicadores, provee información sobre la percepción y las experiencias de las empresas en relación con actos de corrupción entre 2016 y 2020. 

La ENCRIGE es importante porque la corrupción tiene efectos negativos sobre el desarrollo económico. Particularmente, la corrupción desvía recursos destinados a la provisión de servicios y bienes públicos. Asimismo, corroe el estado de derecho, genera desigualdad y reduce la confianza en las instituciones públicas. 

La encuesta, además, provee elementos para evaluar los esfuerzos de la lucha contra la corrupción. En este contexto, debe advertirse que la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y, en particular, la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado (SAE) de Jalisco fueron publicadas en 2016 y 2017. 

La ENCRIGE muestra que, a nivel nacional, la percepción de corrupción de los servidores públicos se redujo entre 2016 y 2020. Particularmente, la tasa de empresas del país que consideran que los actos de corrupción son frecuentes disminuyó de 82.2 a 71.5 por ciento (10.7 puntos). 

Chiapas y Jalisco son los estados donde hay percepciones de corrupción más bajas. La tasa de empresas chiapanecas que consideran que la corrupción es frecuente disminuyó de 88.5 a 25.6 por ciento (62.9 puntos). La tasa de empresas jaliscienses disminuyó de 88.6 a 31.8 por ciento (56.8 puntos). 

La encuesta también muestra hubo reducciones en los números de empresas que fueron víctimas de actos de corrupción durante la realización de trámites. Entre 2016 y 2020, la tasa de empresas que fueron víctimas de actos de corrupción, a nivel nacional, disminuyó de 5.61 a 5.10 por ciento.  

Michoacán y Jalisco son los estados donde hubo menores tasas de víctimas de actos de corrupción. La tasa michoacana de empresas que fueron víctimas disminuyó de 9.9 a 0.19 por ciento. La tasa jalisciense disminuyó de 7.64 a 0.55 por ciento. 

La ENCRIGE, por tanto, sugiere que el SNA y los sistemas estatales han estado cumpliendo su cometido de reducir la corrupción del sector público. Incluso, a nivel nacional, los costos anuales pagados por las empresas debido a la corrupción se redujeron, en promedio, de 14 mil 535 a 7 mil 419 pesos. 

En mi opinión, la encuesta permite hacer una evaluación objetiva de los avances en la lucha contra la corrupción. En este contexto, lo lógico es que la encuesta fuera utilizada para justificar el fortalecimiento y la independencia de las decisiones del SNA y de los sistemas estatales anticorrupción. 

Desafortunadamente, la reforma anticorrupción 2.0, que recién aprobaron los diputados jaliscienses, va en sentido opuesto a la lógica. Esperemos que haya consciencia de esta situación. Quienes pierden con dicha contrarreforma no sólo es el SAE Jalisco; también las empresas y a la economía jaliscienses. 

jl/I