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La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió recomendaciones hacia diversas dependencias estatales como el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) y la Coordinación General de Seguridad por violaciones a los derechos humanos de las víctimas durante los procesos de recabación de evidencia y búsqueda de al menos 22 personas desaparecidas en distintos hechos en diversos municipios.
Alfonso Hernández Barrón, presidente de la CEDHJ especificó que son dos recomendaciones. La primera identificada como 148/2021 incluye 10 casos de desaparición sucedidos entre 2018 y 2020. Familiares interpusieron 10 quejas por la desaparición de 9 personas en Chapala y una en Ixtlahuacán de los Membrillos. De estos, 2 son mujeres y 8 hombres, entre los cuales hay dos menores de edad.
En los 10 casos la CEDHJ encontró que los agentes del ministerio público, así como los policías municipales que actuaron como primer respondiente, no siguieron los protocolos y, con eso, se violaron los derechos de las víctimas.
Además, junto con el IJCF, los elementos de la Policía Investigadora no realizaron las indagatorias suficientes que permitieran encontrar a los 10 desaparecidos o, en su caso, identificar debidamente los cuerpos en el Servicio Médico Forense (Semefo).
“Se documentó también que en los 10 casos el personal ministerial responsable de las investigaciones de los delitos denunciados con motivo de la desaparición de personas y del IJCF no realizó las investigaciones efectivas, diligentes y cuidadosas que permitieran la localización e identificación oportuna de las víctimas y que se conociera la verdad histórica de los hechos. Incumpliendo así con la obligación de investigar conforme a los principios, procedimientos y protocolos que deben seguirse en este tipo de casos”, se lee en esta recomendación.
Por otra parte, dentro de la Recomendación 149/2021 se analizaron diez expedientes de queja relacionados con la desaparición de doce personas; se destaca que en un caso se documentó la desaparición de una mujer y en los nueve restantes, la de once hombres, entre ellos un menor de edad. Estas desapariciones ocurrieron en los municipios de Colotlán, San Ignacio Cerro Gordo, San Juan de los Lagos, San Miguel El Alto, Tepatitlán de Morelos, Tlajomulco de Zúñiga, Tomatlán y Zapopan, entre 2014 y 2020; de estos, solo una persona ha sido localizada, pero sin vida.
En estos casos, se repiten los patrones de omisiones y actuar de los investigadores, apuntó el presidente de la CEDHJ. Describió que no observaron un plan de investigación, hubo dilación en las carpetas de investigación, no se les dio seguimiento a los indicios proporcionados por los familiares, hubo cambios de manera frecuente en los agentes ministeriales, no hubo investigación de cámaras de videovigilancia o llamadas telefónicas, los dictámenes periciales tardaban incluso meses y no se dictaron a tiempo medidas de prevención, entre otras irregularidades que atentan contra los derechos humanos.
Entre las recomendaciones a las autoridades se encuentra el garantizar el acceso a las víctimas al padrón del Registro Estatal y Nacional de Víctimas para que se les otorgue la reparación del daño; que se refuercen los protocolos y se garantice el acceso a la verdad. Se evite la revictimización y se sigan las indagatorias bajo perspectiva de género.
También se pide hacer un diagnóstico general de las condiciones de la FEPD y el IJCF para que cuenten con las herramientas y el personal suficiente para enfrentar las crisis de desaparecidos y forense, ya que encontraron una sobre carga laboral. En la Zona Metropolitana de Guadalajara, cada agente ministerial tiene que investigar y dar seguimiento a 800 carpetas en promedio, mientras que fuera de la ciudad, son hasta 500 carpetas por investigador.
EH