El cártel de los científicos

Comandados por Justo Sierra y José Yves Limantour, Los Científicos era un grupo de intelectuales y letrados que, si bien apoyaban la reelección de Díaz, sí influyeron en las políticas públicas con su espíritu modernizador con la intención de hacer eficiente al gobierno porfirista. 

En una de tantas insufribles mañaneras, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió a las instituciones educativas y de investigación que se pronunciaron contra el recorte de 75 por ciento ordenado por Hacienda en aras de la “austeridad republicana”. El presidente expresó que “no todos los que se dedican a la ciencia, no todos los que se dedican a la cultura, a la investigación, a la academia son gentes conscientes”. Con esa disonancia pretérita que lo caracteriza puso como ejemplo a “los científicos” que “apoyaron siempre a Porfirio Díaz y al conservadurismo”. 

La mixtura de la política con ideologías es entendible e inevitable. Sin embargo, cuando la ideología se lleva a la ciencia entonces los resultados son categóricos, que se contradice con la idea misma de la ciencia; esto es, que se parta de una interrogante y no de una certidumbre. Con la llegada de María Elena Álvarez-Buylla a la dirección del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) parece que se ha dado una transposición histórica para que no sólo se juzgue a “los científicos” contemporáneos, sino que ahora se les acuse penalmente. 

Álvarez-Buylla denunció a varios directivos y administrativos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCYT), una asociación civil que recibía “irregularmente” dinero del Conacyt. Con la presteza que le caracteriza en la persecución de delitos, la Fiscalía General de la República (FGR) giró órdenes de aprehensión en contra de 31 científicos y académicos del foro; sin embargo, un juez de control negó –por segunda vez– tal petición dado que lo solicitado “no se ajusta a los tipos penales”. No obstante, la FGR reformulará la denuncia retipificado el presunto delito: el fin es enviarlos a Almoloya. 

El titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, se ha distinguido por su virulencia al usar la institución para perseguir familiares y cumplir a pie juntillas las instrucciones de Palacio Nacional. También es notorio su espíritu vengativo contra la comunidad científica por haberle negado (por “insuficiente producción científica”) –desde 2010– el reconocimiento como miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Pareciera que, como pago a Álvarez-Buylla por haberle otorgado el nombramiento de investigador nivel III, se dio trámite a la denuncia en represalia por el amparo promovido por el foro para recibir recursos. 

Ante estos hechos, la comunidad científica y académica del país se ha pronunciado enérgicamente. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, calificó como un “despropósito” y “algo inaceptable” la persecución en la que se ha empeñado Gertz Manero, aun cuando las supuestas conductas delictivas (recibir dinero de un fondo del gobierno para la ciencia) fueron antes de que se modificara la Ley de Ciencia y Tecnología con el decreto que “se abrogan, reforman o derogan” la “totalidad de los recursos públicos federales que formen parte de los fideicomisos, mandatos y análogos públicos”. 

En un país donde de 30 a 35 por ciento de su territorio son “áreas ingobernables” donde operan las organizaciones criminales (general VanHerck dixit), que se combate con “abrazos, no balazos”; donde el feminicidio va alarmantemente a la alza, la FGR prefiere perseguir e intentar llevar a la cárcel a 31 peligrosos científicos. 

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