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Oscuridad bajo custodia

La situación de los traslados masivos de mujeres privadas de la libertad a eventos internos en reclusorios varoniles no es nueva en Jalisco, y se ha evidenciado en distintas ocasiones desde hace años, relacionándose estas prácticas con la presunta existencia de redes de trata de personas.

En las últimas semanas se han denunciado salidas irregulares de mujeres privadas de la libertad en la Comisaría de Reinserción Femenil a centros de readaptación varoniles para asistir a diversos eventos deportivos y culturales, documentando sólo entre el 13 de febrero al 27 de agosto del presente año 23 visitas, por lo cual la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió la recomendación 147/2021.

A pesar de que lo ocurrido fue violatorio a múltiples derechos humanos, las autoridades estatales públicamente rechazaron lo documentado por la CEDHJ y se negaron a aceptar de manera íntegra la recomendación, destacando que era un señalamiento falso. La Secretaría de Seguridad Pública argumentó que lo sucedido se dio “con estricto apego al orden jurídico”, y ante esto se descartó llevar a cabo una investigación exhaustiva, apostando por encubrir la situación.

Ante estos hechos nuevamente quedan evidenciadas las deficiencias del sistema penitenciario en el estado, así como la violencia de género y vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres privadas de la libertad, donde con el objetivo de cumplir con el principio de reinserción social se pretende disponer de los cuerpos de mujeres bajo custodia.

Las mujeres en los centros penitenciarios no sólo viven en condiciones de hacinamiento y sobresaturación, falta de atención de sus necesidades básicas como el acceso al agua, atención médica oportuna o productos de higiene menstrual. Son víctimas de discriminación, tortura sexual, tratos indignantes o criminalización por ejercer el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. A muchas de ellas se les fabricaron procesos o fueron víctimas del sistema patriarcal, siendo obligadas a participar en la comisión de algún delito debido a la violencia ejercida en su contra por sus parejas o familiares. Además, son silenciadas al denunciar las irregularidades por temor a sufrir alguna represalia.

De acuerdo con los datos del Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hasta diciembre de 2020 había 558 mujeres privadas de la libertad en Jalisco, que en su mayoría tienen entre 25 y 29 años, y sólo 69 de ellas cuentan con una sentencia definitiva. Lo anterior significa que 489 de ellas se encuentran privadas de la libertad a pesar de que no se haya demostrado su responsabilidad en la comisión de un delito.

A esta invisibilización de lo que sucede en los centros penitenciarios en Jalisco se suma también la falta de exhaustividad de las investigaciones realizadas por la CEDHJ. Si bien se logró documentar los traslados masivos de las mujeres reclusas, faltó profundizar en los hechos. Cabe señalar que la postura de la CEDHJ durante este sexenio ha sido muy moderada ante diversas situaciones que ocurrieron en el estado, tal como ocurrió ante las desapariciones forzadas y tortura cometidas el 5 de junio de 2020 o recientemente, al nombrar a las personas desaparecidas como personas no localizadas en sus estadísticas, siguiendo la narrativa del gobierno del estado. Esta pasividad y falta de crítica contundente ha abonado a que sus acciones tengan menos fuerza política y que la misma se ha convertido en una institución cada vez más alejada de cumplir con su finalidad esencial, que es velar por la protección de los derechos humanos de la población jalisciense.

La grave situación de las mujeres privadas de libertad ha permanecido oculta al escrutinio público y la resistencia de las autoridades por reconocer y esclarecer los hechos da a interpretar que hay algo que esconder, y permite que las violaciones se sigan repitiendo.

anna.chimiak@gmail.com

jl/I