Es simple: que devuelvan el parque

Para quienes se dedican a la actividad política, reducir todos los temas a disputas políticas es muy sencillo. Les ahorra trabajo, análisis y, sobre todo, los aleja de las soluciones reales. Las declaraciones del presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, en torno a lo que sucede en la defensa del Parque Resistencia Huentitán es un claro ejemplo. Su salida fácil fue circunscribir este conflicto a las diferencias que hay entre el grupo político de la Universidad de Guadalajara y el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. 

Con esa lectura simplista, Pablo Lemus comienza su gobierno dando continuidad a uno de los despojos más significativos de Guadalajara. La historia es simple. Un terreno que fue comprado para construir un parque fue entregado a particulares para que construyeran edificios de departamentos, un hotel, un estacionamiento y un centro comercial, el cual debía ser pagado en especie. Los particulares no cumplieron y el ayuntamiento tapatío no ha movido un dedo para recuperar el predio. 

Todo esto sin contar el tema de fondo: la preocupación por el desordenado desarrollo inmobiliario de la ciudad, siempre a costa de los espacios públicos y las áreas verdes. 

El movimiento de resistencia de Huentitán es mucho más añejo que el conflicto entre el grupo político de la Universidad de Guadalajara y Alfaro, e incluso que los actuales gobiernos de Movimiento Ciudadano. De hecho, surgió prácticamente desde que los vecinos se enteraron de los planes del entonces presidente municipal de Guadalajara, el panista Alfonso Petersen Farah, de impulsar en ese predio un desarrollo inmobiliario. 

En El Diario NTR retomamos el tema cuando conocimos el último movimiento: la venta del predio por parte de la empresa Operadora Salamanca a los actuales desarrolladores, Hoteles Riviera. Al comenzar la búsqueda de información nos encontramos con dos actores que también retomaban el tema: Arturo Mendoza, quien encabeza a los habitantes de Huentitán, y a Javier Armenta, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, quien además vive y ha hecho trabajo comunitario en Huentitán. 

Como en otras investigaciones, hubo intercambio de información, de documentos, solicitudes de transparencia, revisión de publicaciones anteriores, entrevistas no concedidas por funcionarios públicos. En ningún momento, durante esta etapa, apareció la UdeG ni actor político alguno. 

Como anécdota, las entrevistas y los encuentros para revisar documentos con Arturo Mendoza eran siempre en citas en torno a las estaciones de Macrobús, pues él se traslada en transporte público. 

La investigación se retrasó porque el abogado de los activistas se contagió de Covid e incluso estuvo intubado. Ningún abogado quería retomar el tema por temor al gobierno del estado. 

Cuando finalmente se tuvo la información completa y los activistas de Huentitán decidieron que emprenderían acciones como la toma del predio, el conflicto entre el gobierno del estado y la UdeG todavía no aparecía. De hecho, la casa de estudios y sus principales actores se mantuvieron al margen de las decisiones que, como vecino de la zona, tomó Javier Armenta. 

El financiamiento de la protesta, que se limitó al pago de comidas, los insumos para la reforestación del predio y otros gastos menores, corrió por cuenta de los activistas. 

Pablo Lemus aclaró a su llegada que Javier Armenta no lo llevará al enfrentamiento. Si el alcalde dedica un tiempo a conocer este caso o si está interesado se dará cuenta de que, al margen del apoyo reciente de la universidad, este movimiento es añejo y durante alrededor de 13 años sólo ha tenido un objetivo por parte de los vecinos: que les devuelvan su parque. 

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