Queda grande traje de rigor contra corrupción

A la sexagésima segunda Legislatura le quedó grande el traje del rigor para combatir la corrupción porque en vez de propiciar reglas claras, al final se dedicaron a hacer lo menos posible. 

Los actuales diputados son tan eficientes que en 15 días que les restan para dejar el cargo consideran que pueden llevar a cabo la elección de una magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa y tres titulares de los órganos internos de control de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (Itei) y el Tribunal de Justicia Administrativa de manera concienzuda, reflexiva y ponderando sus capacidades. 

Aquí no sólo ponemos en duda su capacidad organizativa, sino también la oportunidad de decidir por ellos mismos. Con tanta prisa, las probabilidades de que sus coordinaciones parlamentarias les digan por quién votar son altísimas, incluso las presiones vienen de fuera. 

Esta Legislatura no quiso asumir las consecuencias de llevar los procedimientos de nombramientos bajo una Ley de Designaciones, en todo momento dejaron de lado las propuestas presentadas y desoyeron los reclamos de la sociedad civil organizada, se quedó como un pendiente para la próxima legislatura. 

Con estos cuatro nombramientos, una vez más gana el procedimiento de “cuates y cuotas” porque solo así se explica cómo pueden tomar una decisión de los mejores en tan corto tiempo. 

En el caso de los aspirantes a contralores internos de estos entes públicos ni siquiera un examen de conocimientos lo consideraron necesario, y tampoco algún tipo de evaluación, sólo decidirán analizando sus documentos y con una entrevista que dura muy poco, y que muchas veces ni los diputados asisten a escucharlos. 

Hasta ayer se habían registrado 14 personas para ocupar alguno de los tres cargos y desde ahora vaticinamos que los únicos que leerán sus currículums serán los asesores de los legisladores para poder elaborar los dictámenes porque muy pocos diputados, quizás contados con los dedos de la mano, estarían interesados en conocerlos para tomar una decisión reflexionada y razonada. 

En el caso de las aspirantes a magistrada todavía no inicia el proceso de registro, y pese a que habrá examen de conocimientos el rigor se eliminó cuando decidieron solamente aplicar 20 reactivos en lugar de 100 porque seguramente visualizaron evitar que hubiera muchos reprobados. 

Incluso no todas las universidades participarán, pese a ser once, porque las de mayor tamaño que han participado en otros procesos en esta ocasión declinaron hacerlo. 

Y una muestra de que los diputados locales se lavarán las manos sobre los procesos de evaluación en este cargo fue lo que dijo ayer el titular de la Comisión de Seguridad y Justicia, Bernardo Macklis, al señalar que los reactivos saldrán de lo que propongan las universidades y si éstos tienen rigor o no en sus cuestionamientos dependerá sólo de estos planteles. 

Los actuales diputados iban a destacar por ser los primeros en aplicar los nuevos criterios establecidos en la llamada ley anticorrupción para buscar a los mejores perfiles en estos cargos, y ahora que finaliza su periodo dejan mucho que desear con este tipo de procedimientos hechos al vapor y sin reflexión. 

Lo único que buscan es garantizar que lleguen los recomendados dentro de un procedimiento que dicen es neutral, pero que por las prisas se le da poca difusión a las convocatorias y escasa revisión realizan de sus habilidades y sus conocimientos. 

Hoy queda claro que no les interesa que lleguen los más capacitados para el cargo, sino que arriben los conocidos que participaron en un proceso que, al final, recibirán el dedazo político que los convertirán en funcionarios públicos. 

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