Deshumanizar la violencia

La semana pasada el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, presentó el tercer Informe de Seguridad, en el cual expuso las estadísticas de incidencia delictiva en Jalisco, sin que realmente se explicara a detalle lo que realmente está pasando en el estado. Resultó que la finalidad del informe no fue informar a la sociedad cuál es la situación de seguridad en la entidad, sino fomentar la narrativa oficial de éxito y promoción de su administración.

En su discurso pareciera que la situación en materia de seguridad va en mejora gracias a las estrategias del gobierno estatal, y lo que no se ha logrado atender está fuera de su control, ya que la responsabilidad siempre corresponde a otros actores, en esta ocasión a la administración pasada y a los grupos de delincuencia organizada. Si bien estamos viviendo en Jalisco la situación de violencia a la cual contribuyeron las políticas fallidas en materia de seguridad de los gobiernos pasados, es plena responsabilidad del Ejecutivo estatal en turno de atender la crisis actual sin repartir las culpabilidades. Separar lo que pasó antes y lo que ocurre ahora, en un contexto de más de 5 mil personas fallecidas sin identificar y más de 14 mil 500 personas desaparecidas resulta poco serio y absurdo.

En el informe el gobernador señaló que 80 por ciento de los homicidios dolosos cometidos en Jalisco se relacionan con el crimen organizado, sin compartir información alguna que pudiera fundamentar esta afirmación. Esto además frente a la ausencia de investigaciones exhaustivas y la impunidad en el estado de 94.5 por ciento, de acuerdo con un estudio realizado por México Evalúa en 2021. Las declaraciones que buscan deslindarse de la responsabilidad y criminalizan a las víctimas de violencia demuestran la falta de sensibilidad y autocrítica de las autoridades estatales, y aún más reafirman que la situación de violencia en la entidad está totalmente desbordada y descontrolada.

Con la presentación de cifras parciales y sesgadas se pretendió dibujar un estado donde las autoridades garantizan a la ciudadanía el derecho a la vida, libertad e integridad personal. Por otra parte, nombrar a las personas desaparecidas como “pendientes de localizar”, no clasificar a las víctimas halladas en fosas clandestinas como víctimas de homicidio, mencionar de manera positiva que el incremento de fosas demuestra que este gobierno “sí está buscando” o exagerar la eficacia en la localización de las personas desaparecidas parece cruel frente a los impactos que la violencia ha generado a miles de personas en la entidad.

El escenario de violencia y desapariciones cometidas de manera generalizada en Jalisco es innegable, y el gobierno del estado ha fracasado en prevenirlas y en subsanar las deficiencias del sistema de procuración de justicia que fomentan el círculo de impunidad y la comisión de nuevos delitos y violaciones a los derechos humanos. Preocupa también la insistencia en el rechazo a reconocer una vez más lo evidente que es la crisis forense en el estado. Si bien se han comenzado a implementar estrategias que esperamos que pudieran resultar en avances para los procesos de identificación humana desde un enfoque masivo, todavía no se ha logrado revertir las causas estructurales que alimentan la crisis, y familiares de víctimas siguen enfrentando el maltrato, esperando años para la identificación y digna entrega de los cuerpos y restos humanos.

El gobierno ha mostrado su incapacidad para cumplir con su obligación de generar condiciones para la seguridad de las y los jaliscienses. Las declaraciones del gobernador han sido desmesuradas y carecen de empatía y humanidad. Su manejo discrecional y simulado de las cifras queda muy lejano de hablar con la verdad, sin que se garanticen los derechos a la verdad a las víctimas de violencia en Jalisco, que tal como señalaron los colectivos de familiares de personas desaparecidas en el pronunciamiento que emitieron junto con el Cepad, son “personas que tienen nombres, historias de vida y sus familias que les aman”.

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