Funcionarios y su burbuja de seguridad

Si sumamos los recursos que el gobierno del estado gasta en vehículos blindados y seguridad privada para funcionarios y oficinas públicas, se superan los 469 millones de pesos. El monto no es menor, pues representa cerca de 10 por ciento del gasto anual estatal en seguridad. Es decir, un puñado de servidores públicos, porque ni siquiera son todos, han logrado construir una burbuja de seguridad financiada con recursos públicos. 

Si revisamos el clima de violencia e inseguridad que desde hace varios años domina a nuestro país y, por ende, a Jalisco, podríamos justificar que quienes están en el poder vivan rodeados de seguridad. Sin embargo, el común de los ciudadanos vivimos expuestos y en riesgo todos los días, mientras la autoridad minimiza lo que nos sucede. 

En más de alguna ocasión, el gobernador Enrique Alfaro ha reprochado a quienes cuestionan la violencia y la inseguridad de Jalisco, asegurando que es fácil criticar mientras ellos son quienes se exponen ante la delincuencia. Pero la realidad es que existe una estructura que da seguridad a los funcionarios de primer nivel, incluso, para quienes ni siquiera están frente a tareas de riesgo. 

Es común, por ejemplo, que en restaurantes donde comen funcionarios públicos veamos en las puertas a sus escoltas. Recuerdo un día a dos de ellos en la puerta de un restaurante platicando; al cuestionar a los meseros a quién acompañaban, respondieron que, a Carlos Delgado, quien en ese momento era el responsable de la comunicación del gobernador. ¿Qué riesgos podía correr dicho funcionario para que tuvieran que asignársele dos personas para su seguridad? 

La asignación de seguridad personal para funcionarios públicos comenzó a generalizarse desde el gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval, pero se acentuó en la actual administración. Se convirtió, de alguna manera, en una forma más de estatus al interior de los gobiernos. 

Aunque la contratación de policías privados tampoco es nueva, lo que podemos destacar en los contratos firmados por el actual gobierno es el incremento en el número de elementos. A partir de 2020, se dispone ya de 973 policías privados para custodiar edificios y oficinas, incluso en el caso de estas últimas, a pesar de estar dentro de inmuebles que a su vez ya cuentan con otros policías que los custodian. 

Ese número de elementos que cuida oficinas y edificios públicos es superior al número de policías que cuidan a los habitantes de municipios como San Pedro Tlaquepaque, Tonalá o Tlajomulco de Zúñiga o equivalen al doble de los policías de los que dispone el municipio de Puerto Vallarta. 

Sería interesante saber por qué se acude a esta figura y por qué se necesita reforzar la seguridad de edificios, si el discurso del gobierno del estado ha sido de la reducción en la comisión de delitos en Jalisco. 

Las mismas dudas surgen con los autos blindados. Según la información que aparece en los contratos firmados por el gobierno del estado, hay al menos dos compras de vehículos con seguridad especial, en los que se han gastado más de 26 millones de pesos, además del arrendamiento de 30 unidades, servicio por el que se pagarán, a lo largo de cuatro años, más de 127.2 millones de pesos. 

La mayoría de estos vehículos, según la información entregada vía transparencia por el gobierno del estado, fueron asignados a funcionarios de áreas de seguridad, pero también hay quienes están en otros espacios y tienen alguno de estos automóviles bajo su resguardo. 

Así que, además del costo que estas medidas tienen para los jaliscienses, terminan funcionando también en contra de los ciudadanos, pues desde esas burbujas de seguridad de las autoridades, se alejan cada vez más de la exposición que los ciudadanos tenemos ante la delincuencia. 

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