Ignominia por falta de medicamentos

A casi tres años de haberse iniciado la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aún quedan muchas cuentas pendientes en varios rubros para reconocerse como un gobierno eficaz. La semana pasada hacía referencia a las precariedades del sistema de salud en términos generales. En esta ocasión el tema en particular es el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), versión de la 4T del Seguro Popular. 

Con el mismo desparpajo con el que se deshizo AMLO del aeropuerto de Texcoco (acción que, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, se elevó en un 232 por ciento a lo pronosticado; esto es, unos 332 mil millones de pesos), así se procedió con el Seguro Popular con el argumento “ni es seguro ni es popular”. Ambas cancelaciones al tenor del combate a la corrupción y la austeridad; aunque a la fecha no se ha producido denuncia alguna que las justifiquen. 

Creado en 2003 con la intención de que la población no asalariada pudiera tener acceso a servicios médicos de primer nivel, el Seguro Popular funcionaba como brazo operativo del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) con un padrón de unos 54 millones de beneficiarios, principalmente la población en situación de pobreza extrema que pasó –de 2018 a 2020— de 25.6 al 57.3 por ciento; además que se redujo la población considerada clase media (para regocijo de AMLO), que pasó de 42 (53.5 millones de personas) en 2018 a 37.2 por ciento (47.2 millones de personas) en 2020 (datos del INEGI). 

Con una estrategia de demolición total y partir de los escombros, no se exploró la posibilidad de preservar las acciones positivas del Seguro Popular, mejorarlas y desmantelar la supuesta corrupción: el resultado demostró no ser lo más acertado. La importancia de este seguro estribaba en que, para la población sin acceso a servicios médicos especializados, cubría lo que se conoce como “gastos catastróficos en salud”; esto es, el desembolso en tratar enfermedades por el alto costo de sus tratamientos y los medicamentos asociados, dado su grado de complejidad. 

El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) cubría casi 70 enfermedades agrupadas en cuidados intensivos neonatales; malformaciones congénitas y/o adquiridas; enfermedades metabólicas; cánceres infantiles y en adultos, en trasplantes y otros. Los casi 100 mil millones de pesos que el FPGC había acumulado se congelaron: una parte (como 33 mil millones) pasó al gasto de Salud en este año y el resto se transfirió al nuevo Fondo de Salud para Bienestar para costear el Insabi. 

El pasado martes, padres de familia de niños con cáncer bloquearon el acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) porque, desde la aparición del Instituto a la fecha no ha sido posible mantener el abasto de medicinas para combatir ese mal. Aunque el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, alegó que la escasez de esos medicamentos era mentira; que es “un tipo de narrativas de golpe”; que buscan “crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana casi golpista”. En fin, la idea era justificar lo evidente: no hay medicamentos. 

En cambio, en la Cámara de Diputados, Jorge Alcocer, secretario de Salud, admitió que “sí ha habido carencia de medicamentos oncológicos”, aunque el titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer, aseguró que los fármacos son robados al llegar a los estados. Si bien la divisa de la 4T no es la autocrítica, el regaño del miércoles de AMLO a Ferrer y Alcocer quedó muy claro: “Ya no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo”. ¿Servirá de algo el reproche? 

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