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Temaca, su lucha y sus aliados

Los habitantes de Temacapulín se convirtieron en un ejemplo de lucha social. Después de 16 años de pelear contra el poder económico y político consiguieron que el proyecto de la Presa El Zapotillo se modificara y se garantice que su pueblo, junto con Acasico y Palmarejo, no sea inundado. 

El triunfo de esta lucha tuvo diferentes aliados y factores que le favorecieron. De estos últimos, podríamos mencionar la corrupción y la falta de planeación en torno al proyecto, que llevaron al fracaso en la construcción de la presa con el abandono del consorcio al que se asignó la obra, así como todas las irregularidades en torno a la contratación de la empresa Abengoa, que recibió millones de pesos de entes públicos e instituciones financieras en México y no colocó ni un metro del ducto que llevaría el agua de la presa hasta la ciudad de León, Guanajuato. 

Estos factores externos permitieron ganar tiempo para que los pobladores de Temacapulín se organizaran y pasaran del temor de la inundación al empoderamiento y a una defensa férrea de su territorio, al que se sumaron también los habitantes de Acasico y Palmarejo. 

En esta lucha social, la defensa legal fue determinante. Para frenar el proyecto jugó un papel estelar la controversia constitucional que interpuso el Congreso del Estado por los acuerdos entre los gobiernos de Guanajuato y Jalisco, cuando el gobernador de la entidad era Emilio González Márquez, quien no consultó al Poder Legislativo. 

Dicha controversia fue promovida por la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que para ello fue asesorada por la defensa legal de Temacapulín. La resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante este recurso fue la que frenó la cortina en 80 metros, 25 menos de los que pretendía Emilio González. 

En la pelea legal, el trabajo que realizaron los abogados Guadalupe Espinoza Sauceda y Claudia Gómez Godoy fue básico, pues ellos estuvieron al frente de los amparos que suspendieron el avance de las obras y que pusieron por delante los derechos de los habitantes de los tres poblados. Por ello, es relevante el nombramiento de Claudia Gómez como representante del gobierno federal para las siguientes acciones, tanto sobre el nuevo proyecto como para la reparación del daño. 

La defensa legal desde los municipios de Los Altos, contra el trasvase de agua a través del acueducto que llevaría el agua desde la presa hasta la ciudad de León, Guanajuato, fue otro de los frentes que se abrieron para frenar la obra. La labor del abogado Alejandro López Aguayo, quien llevó los amparos del ejido Agua de Obispo y de la Asociación de Ganaderos de San Juan de los Lagos, concluyó en suspensiones que llevaron a revisar el trazado. Con los cambios que tuvieron que hacerse a la obra, más las irregularidades en la asignación de contratos a Abengoa, el acueducto ni siquiera empezó. 

A estas acciones legales se suma el acompañamiento técnico y legal del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) y, en particular, de la investigadora María González Valencia. Tampoco puede dejarse de lado el apoyo técnico del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua, trabajo en el que la intervención de investigadores como Juan Guillermo Márquez y José Antonio Gómez Reyna fue definitivo. 

Y, finalmente, deben también mencionarse apoyos como el del ex diputado y empresario Manuel Villagómez. 

Estas redes que se tejieron permitieron a los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo fortalecer su lucha y serán, sin lugar a dudas, determinantes en el largo camino que ahora empieza para la definición del nuevo proyecto y para la reparación del daño. 

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