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Crucificándose
Empiezan las campañas
La tentación de vulnerar la autonomía universitaria ha sido el deseo recurrente de los gobiernos autoritarios. A lo largo de la historia de la bicentenaria Universidad de Guadalajara han existido diversos intentos fallidos por apoderarse, por doblegar y por controlar desde las esferas del poder político a una de las instituciones educativas más importantes del país.
En las recientes semanas, de nuevo ha surgido la tentación de transgredir la autonomía de la institución. Afortunadamente, el 10 de noviembre, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat admitió la controversia constitucional que promovió la Universidad de Guadalajara en contra de la caprichosa decisión del gobernador de Jalisco de negar la entrega de 140 millones de pesos del presupuesto ya aprobado para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario.
Aunada a la admisión de la controversia, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó conceder medidas de protección que preservan los derechos de la Universidad en tanto se resuelve la controversia constitucional; dichas medidas tienen como efecto impedir que el gobierno estatal disponga, reasigne o reencauce estos recursos e incluso, si alguno de estos actos ya se hubiera realizado, no tendrán efecto alguno. Con esta importante decisión el máximo órgano de justicia del país salvaguarda en gran medida la indispensable autonomía que requieren las universidades.
Proteger la autonomía universitaria es blindar el acceso a la educación, a la libertad de cátedra e investigación, al pensamiento crítico y a la libre discusión de las ideas sin las cortapisas y restricciones que se pueden imponer desde el gobierno. Negar la entrega de recursos aprobados es una flagrante intromisión del Poder Ejecutivo estatal en la vida universitaria y una evidente violación al artículo 3 constitucional.
La resolución de la ministra sienta un importante precedente en el país debido a que la UdeG es la primera universidad pública en conseguir que el máximo tribunal admita una controversia relacionada con la intromisión y el atentado a la autonomía constitucional de las universidades. Con este antecedente se desincentivará la tentación de los gobiernos federales, estatales y municipales de vulnerar la autonomía universitaria; esto deberá también ser un acicate para que los gobiernos se limiten a cumplir y respetar el orden constitucional y legal.
Estas tentativas de atropello a la vida universitaria no tienen cabida en el estado de derecho que millones de mexicanas y mexicanos estamos construyendo y anhelando. Actitudes caprichosas, conductas de confrontación irracional y revanchismo en contra de la universidad pública sólo conducen al descrédito y a la deslegitimación de los integrantes del poder público. Afortunadamente tenemos un Suprema Corte, que atempera el frenesí autoritario y frena los intentos de violación a nuestra carta magna.
*Abogado general de la UdeG
jl/I