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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió ayer una recomendación dirigida al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, por las violaciones a los derechos humanos sucedidas durante 4, 5 y 6 de junio de 2020, cuando en Guadalajara se registraron detenciones arbitrarias y privaciones ilegales de la libertad de jóvenes a causa de la muerte de Giovanni López, joven de Ixtlahuacán de los Membrillos asesinado por policías municipales a principios de mayo del año pasado por presuntamente no portar cubrebocas.
La exigencia principal del documento recomendatorio es que el mandatario emita una disculpa pública y se proceda al resarcimiento del daño.
La CNDH precisó que inició una investigación de oficio desde que conoció las primeras notas periodísticas del caso. Esta acción permitió “acreditar que personal de la Secretaría de Seguridad de Jalisco incurrió en uso excesivo de la fuerza al llevar a cabo la detención de las personas manifestantes y en dilación para ponerlas a disposición de la autoridad competente. Asimismo, fueron omisas al no implementar acciones de control de multitudes, ocasionando con ello que se coartara el derecho a la libertad de expresión”.
La comisión también confirmó que agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía Estatal provocaron lesiones a las víctimas y vulneraron derechos a la libertad personal, de reunión, asociación y expresión.
“La CNDH solicita al gobernador de Jalisco ofrecer una disculpa pública por las detenciones arbitrarias y agresiones físicas (y) coordinarse con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para reparar integralmente los daños causados a quien por derecho corresponda y otorgarles atención médica y psicológica”, añadió en un comunicado.
Al mandatario también se le exigió que trabaje de la mano con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Especializada en Combate de la Corrupción (FECC) para esclarecer los hechos, así como capacitar a los elementos de las corporaciones en materia de derechos humanos.
Luego de la represión del 4, 5 y 6 de junio de 2020, el 9 de ese mes la CNDH emitió un acuerdo de radicación de oficio para atraer la investigación de lo sucedido esos días tras diversas notas periodísticas publicadas en medios locales, nacionales e internacionales.
A partir de ese momento la CNDH abrió la queja CNDH/5/2020/4612/Q y comenzó a recabar evidencias que, tras ser analizadas, corroboraron la existencia de detenciones arbitrarias y diversas violaciones a los derechos humanos en contra de jóvenes manifestantes.
La CNDH llegó a esa conclusión luego de diversas entrevistas a víctimas, revisiones a cámaras de video de la zona y acceso al informe policial homologado (IPH) sobre los hechos. Justo este documento da cuenta de que el 5 de junio un mando policial dio la orden de aprehender de manera arbitraria a jóvenes que pretendían manifestarse en la Fiscalía del Estado por el caso Giovanni y detenciones realizadas un día antes.
Lo recabado por la comisión también confirmó que las víctimas sufrieron lesiones y violencia psicológica en el proceso de las detenciones.
La instancia de defensoría especificó que el 4 de junio fueron detenidas de manera arbitraria al menos 22 personas en el Centro Histórico de Guadalajara; el 5 de junio, 11 más, y el 6 de junio, otras seis. A estas aprehensiones se suman las de al menos 41 personas que pretendían manifestarse en las inmediaciones de la Fiscalía, en Calle 14.
De las 80 víctimas identificadas, la CNDH encontró indicios de violencia en al menos 52.
Sobre los agentes que participaron en las violaciones de derechos humanos, reportó que al menos 41 pertenecientes a la Secretaría de Seguridad y la Policía Investigadora están involucrados.
Tras la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el gobierno de Jalisco informó que ya casi cumplió con todas las exigencias solicitadas, incluso con la disculpa pública.
En un comunicado, la administración recordó que el 6 de junio de 2020 el gobernador Enrique Alfaro Ramírez emitió una disculpa por los hechos a través de un video en redes sociales.
De paso, la autoridad calificó de “curioso” que la recomendación llegara un año y cinco meses después de que sucedieron los hechos.
“Resulta curioso que un año y medio después de los acontecimientos del 4, 5 y 6 de junio, la CNDH emita una recomendación por lo que pasó hace año y medio. De hecho, lo que piden, la disculpa del gobernador, ya ocurrió un día después del hecho”. Lauro Rodríguez
FRASE:
“(La) CNDH solicita al gobernador de Jalisco ofrecer una disculpa pública por las detenciones arbitrarias y agresiones físicas (y) coordinarse con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para reparar integralmente los daños causados a quien por derecho corresponda y otorgarles atención médica y psicológica”: Extracto del comunicado de la CNDH
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió ayer un pronunciamiento en el que solicitó al gobernador Enrique Alfaro Ramírez respetar la libertad periodística.
La postura fue emitida luego de que el gobernador pidiera la semana pasada a reporteros de Puerto Vallarta no informar sobre la inseguridad en el municipio bajo el argumento de que “lastiman el destino” turístico.
El reclamo fue hecho por el mandatario en una rueda de prensa realizada el 23 de noviembre, tres días después de que dos marinos fueran encontrados en el puerto tras ser privados de la libertad el 15 de noviembre en Zapopan.
“El organismo nacional manifiesta su preocupación ante la reciente declaración realizada por el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien señaló que los medios de comunicación locales deben limitar la información y dejar de hacer publicaciones sobre delitos de alto impacto porque lastiman el turismo en Puerto Vallarta, circunstancia que no abona al libre desempeño periodístico”, señaló la CNDH.
La comisión también lanzó una petición a las autoridades de Puebla y Guerrero, pues han emitido declaraciones contra la libertad de prensa y hostigado a medios de comunicación.
En general, la CNDH llamó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a garantizar el ejercicio periodístico en dichas entidades y en el país.
Horas después de la emisión del pronunciamiento, Alfaro Ramírez arremetió contra el periodista José Luis Escamilla luego de que lo cuestionara sobre las medidas de protección contra el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marco Valerio Pérez Gollaz, por presuntamente violentar a una mujer. El mandatario se negó a contestar los cuestionamientos y lo mandó a “leer” el comunicado que el propio Pérez Gollaz envió a medios hace unos días. De paso catalogó el caso como “cuentos”. Lauro Rodríguez
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