Presentan juicio político contra consejeros de CJE

Representantes del Consejo de Colegios de Abogados de Jalisco presentaron ayer en el Congreso del Estado una solicitud de juicio político contra los integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado (CJE) a excepción de su presidente, Daniel Espinosa Licón. 

La denuncia ante el Congreso es en contra de los consejeros Gabhdiel Iván Novia Cruz, José de Jesús Becerra Ramírez, Claudia Esperanza Rivera Maytorena y Tatiana Esther Anaya Zúñiga. 

Los representantes de distintos colegios entregaron la mañana de este lunes el documento en la Oficialía de Partes del Congreso. Esperan ratificarlo en un lapso tres días. 

El secretario ejecutivo del Consejo de Colegios de Abogados y presidente del Colegio de Investigaciones Jurídicas, José Luis Tello Ramírez, recalcó que las omisiones de los consejeros han impedido la implementación del sistema digital para la impartición de justicia y el desarrollo del Poder Judicial. 

"Tenemos un retraso de 14 años y no es posible que en este 2020 y 2021, lamentablemente, estos cuatro consejeros no (hayan) votado una plataforma digital para efectos de que tengamos un seguimiento con este sistema y poder evitar esos riesgos que se están dando ahorita actualmente en los tribunales, donde está la contingencia de muchos litigantes y postulantes", acusó. 

Aseguró que si estuviera habilitada la justicia digital no sería necesario que los profesionales del derecho acudieran presencialmente a Ciudad Judicial, lo cual a la fecha incrementa el riesgo de contagios de Covid-19. 

Tello Ramírez pidió al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, cumplir con la erradicación de la corrupción, pues impide el acceso al derecho humano de acceso a la justicia. 

Otro reclamo de los colegios de abogados es la falta de transparencia acerca del ejercicio de Presupuesto de Egresos 2021 del CJE, el cual es de casi mil 593 millones de pesos.  

Los denunciantes aseguraron que una parte de esos recursos estaba prevista para habilitar el tercer piso de Ciudad Judicial para establecer ahí los juzgados orales laborales; sin embargo, las instalaciones siguen deteriorándose y en abandono. 

Por su parte, el presidente del Colegio Ius Semper Loquitur, Pamela Karina Vega Herńandez, consideró que la falta de transparencia podría tener alcances penales y civiles por la falta de cumplimiento de la ley, pero aceptó que serán los diputados quienes decidan qué sanciones se podrían aplicar. 

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