El avance sobre la consulta sin participación ciudadana

El 5 de diciembre, a las 23 horas, reportaba el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco que para el caso de la consulta sobre el pacto fiscal del estado se contaba con 276 mil 807 opiniones registradas en las urnas electrónicas, dispuestas con el objetivo de reunir las consideraciones de la ciudadanía de Jalisco en relación con la revisión de la distribución presupuestal del estado en el esquema federal de participación presupuestal federal, requiriéndose 33 por ciento del padrón electoral. 

El ejercicio de consultas ha constituido una modalidad que se ha establecido dentro de la perspectiva de una narrativa, principalmente federal y, particularmente, de Morena, en la que se ha generado la idea de una participación ciudadana más directa sobre ciertas decisiones que implican, desde esa perspectiva, la aprobación popular. 

Los primeros ejercicios los constituyeron las consultas sobre las tres obras emblemáticas de esta administración federal, la terminal aérea Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas y el tren maya. Aún sin estar en el ejercicio del poder, la 4T lanzó las convocatorias de consulta y sin una metodología ni legitimación institucional, se realizaron las mismas con resultados aprobatorios. 

Se trataba en ese entonces de consultas que se llevaron a cabo sin seguir los lineamientos constitucionales que se prevén para conocer las opiniones de la ciudadanía y sin verificación objetiva de procedimientos, desarrollo y resultados. El efecto de esas consultas ya con la nueva administración en funciones fue que se aprobaron los proyectos, con algo que se mencionó solamente en la narrativa, pero no en la evidencia de su realización, la opinión popular respaldando los proyectos. 

El tiempo ha avanzado y en el seno de la administración federal surgieron nuevas perspectivas que han tratado de convertirse en consultas, pero con la diferencia de que ahora, como gobierno, han requerido activar los canales institucionales para hacerlas. Los procedimientos son diferentes y demandan una base legal para su realización, de forma que se requieren lineamientos para desarrollar los procesos y, entonces, la organización de las consultas se ha revelado como un ejercicio complejo, en el que se requieren porcentajes establecidos por la ley para determinar la validez y alcance de sus resultados. 

La participación ciudadana en estas auscultaciones no ha sido la esperada y, en ese ánimo de participación directa, Jalisco propuso una consulta sobre la opinión de los jaliscienses respecto de si se está de acuerdo en que cada seis años se revisen los términos de la coordinación fiscal y la manera en la que la Federación distribuye los impuestos, para que se decida si Jalisco se mantiene o sale del pacto fiscal. 

Sobre dos aspectos se les pregunta su opinión a los jaliscienses, uno sobre el tema constitucional del pacto fiscal y dos, sobre el esquema de organización financiera y de distribución de recursos para que, con esas opiniones, se respalde la gestión gubernamental ante la Federación sobre los mecanismos que están en funciones desde hace más de 40 años sobre este tema. Las opciones de participación ciudadana son “sí” o “no”. 

En este ejercicio de consultas, la participación del ciudadano común ha resultado escasa, con lo que la activación de los sistemas de gobierno, federal y local han movilizado sus mecanismos de compulsión hacia sus propias estructuras para incrementar el número de votos. Es decir, el ejercicio se convierte, más que en una consulta sobre el tema fiscal, en la demostración de capacidad de movilización de sus fuerzas electorales, que constituyen el antecedente frente a las próximas elecciones de 2024 y, respecto de las cuales, los resultados, no de las consultas, sino de las movilizaciones por los votos, se ven definitivamente desarticuladas. 

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