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La protección que ha tenido la empresa Caabsa Eagle ante el manejo de la basura de la Zona Metropolitana de Guadalajara ha permitido que administración tras administración se incumplan los compromisos de sus contratos y que el destino de los desechos siga siendo la acumulación, sin estrategias ni medidas que permitan reducir su impacto en el medio ambiente.
El conflicto más reciente y que se ha alargado es el cierre del basurero de Matatlán, el cual se planeó como un vertedero, pero funcionó siempre como un tiradero. Nunca se incorporaron medidas que permitieran reducir la cantidad de basura que ahí se deposita por una simple razón: el contrato de Caabsa se basa en el peso de la basura, así que entre mayor sea, mayor la ganancia.
Basado en ese principio, fracasaron o nunca se implementaron medidas serias para la clasificación de la basura, a pesar de los intentos aislados de algunos ciudadanos.
A finales de la semana pasada, el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, denunció que, lejos de comenzar un plan de abandono en el basurero, la empresa Caabsa Eagle seguía llevando basura al tiradero. Esta declaración recibió el respaldo del alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, quien confirmó que mantendrían la vigilancia para que se cumplieran los plazos que se marcaron para el cierre del basurero de Matatlán.
El mismo alcalde de Guadalajara ha hecho énfasis en un tema toral en este conflicto: la concesión del manejo de la basura entregada a una empresa implica la obligación de ésta para resolver el destino final de los desechos de la ciudad. Sin embargo, de manera tradicional han sido las autoridades quienes han atendido este punto y, cuando se llegó al momento en que el basurero debía cerrarse, de nuevo se convirtió en un problema exclusivo de las autoridades.
El cierre del basurero no es un asunto menor. El mal manejo que ha tenido obligará a medidas importantes que costarán millones de pesos, pero, sobre todo, la exigencia para que la basura deje de llevarse hasta ese lugar.
Todavía ayer vecinos de la zona confirmaron que sigue ingresando más basura de la que sale, por lo que la empresa concesionaria sigue incumpliendo los compromisos recientes. El plan de abandono sigue sin ponerse en marcha de manera formal y el cierre es solo una simulación.
El daño ambiental ocasionado por el tiradero de Matatlán ha sido permanente, ante la mirada complaciente y, por momentos cómplice, de gobiernos de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano. La reparación de ese daño sigue todavía sin definirse de manera clara.
El apoyo a Caabsa tuvo incluso sus momentos cumbre en las dos administraciones anteriores, encabezadas por el ahora gobernador Enrique Alfaro Ramírez y en la de Ismael del Toro Castro, en las que se ampliaron los contratos, se hizo borrón y cuenta nueva de las fallas que ellos mismos les habían señalado y hasta el negocio para entregarle el terreno en Miravalle donde debió construir una estación de transferencia para que en su lugar edifique departamentos.
Lo que suceda en los próximos días será sin duda una prueba importante para el presidente municipal de Guadalajara, quien deberá mostrar si realmente le exigirá a Caabsa como la empresa que se lleva millones de pesos del municipio para prestar un servicio o si da continuidad a una relación de generosas concesiones con los particulares.
También será determinante la exigencia por parte del gobierno de Tonalá para que exista realmente un plan de abandono que permita la mejor recuperación ambiental posible, en la cual la empresa Caabsa deberá ser también responsable, pues hizo de este sitio un basurero y no el vertedero que prometió.
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